Lamentable que el Poder Legislativo local proteja a deudores alimentarios

La congresista local Polimnia Romana Sierra Bárcena, denunció la “trampa” que escondieron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta Pública, al aprobar el Pleno del Congreso CDMX reformas el artículo 3 transitorio de la Constitución capitalina, “porque protege a deudores alimentarios que laboran en el gobierno local en sus reservas que el Pleno bajó de último momento”.

Sierra Bárcena enfatizó que dicha propuesta “echa abajo la vigencia del artículo 10, apartado C, de la Constitución local, que tiene que ver no sólo con las relaciones laborales de las instituciones públicas con los trabajadores, como pretende hacer creer, sino que echa abajo el impedimento para que agresores ocupen cargos en el servicio público durante los próximos 6 años”.

Refirió, “el texto original de dicho artículo establece que esta medida de impedimento a que deudores alimentarios ocupen cargos públicos por el citado lapso, entraría en vigor el día último de este mes, pero el dictamen que presentan dichas Comisiones establece que ese castigo entre en vigor hasta el 1 de enero del 2030, casi al final del siguiente sexenio”.

Recalcó, “cuál es la agenda oculta para proponer que todo lo que tenga que ver con relaciones laborales se difiera hasta el año 2030, a quién intentan proteger, para que a pesar de haber sido sentenciado por violencia de género o por ser deudor alimentario, pueda ocupar un cargo en el gobierno. Esta no es una decisión que deba ser apoyar por línea partidaria o gubernamental, debemos mantenernos unidas en sororidad ante esta decisión que pretenden imponernos”.

Ante esto solicitó el apoyo de los diputados quienes el 23 de noviembre pasado acompañaron la reforma constitucional de la llamada “Ley 3 de 3, cuando nos congratulamos con organizaciones sociales y colectivos que combaten la violencia contra las mujeres”.

Recordó, “incluso con esa reforma nunca más una persona pudiera ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, si es sentenciada por la comisión intencional de delitos contra la vida, la integridad corporal, libertad y seguridad sexuales; por delitos de violencia familiar o política contra las mujeres en razón de género o que estuviera en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.

Subrayó, “el dictamen que ahora se presentó ante el Pleno del Congreso local incluye la modificación a un transitorio para ocultar un hecho, y obtener algo que de otro modo no se conseguiría. Irónicamente, proponen exactamente lo contrario, que es proteger a las mujeres y niñas contra la violencia económica, sexual, psicológica y jurídica, que algunos ejercen con la protección del poder de un cargo público”.

Insistió, “vamos en verdad a permitir esta regresión a lo que muchas de nosotras impulsamos… diputadas y diputados integrantes de dichas Comisiones Unidas, sabemos que no fue explicado en la sesión por qué se proponía incluir en el dictamen la reforma al transitorio. Debemos evitar que lleguen a ocupar cargos o empleos, quienes en lo personal o privado han actuado con violencia, inmoralidad o con indiferencia ante la carencia de sus hijos”.