Se ampara Murillo Karam contra resolución que le impide buscar pruebas
La defensa del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, promovió un juicio de garantías ante el juzgado VIII de distrito de amparo en materia penal, contra la resolución de un juez de Control que le negó la petición de buscar pruebas a su favor.
Con este recurso legal la defensa del exfuncionario federal en el sexenio pasado, busca se le permita conseguir medios de prueba en el proceso que se le sigue por el presunto delito de tortura contra el presunto sicario del grupo criminal “Guerreros Unidos”, Felipe Rodríguez Salgado (a)“El Cepillo”, quien fue señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
En la solicitud de amparo el exlíder nacional del PRI refiere que el pasado 3 de enero se realizó una audiencia donde el juez les dio auxilio para recabar unas entrevistas, pero se los negó para recabar la documentación. El citado juzgado de amparo dio entrada a la demanda de garantías de Jesús Murillo.
Momentáneamente el juzgado de amparo negó concederle la suspensión provisional para dejar sin efecto la decisión emitida por el juez de la causa penal, y programó para el próximo 7 de febrero la celebración de la audiencia incidental donde resolverá si concede la suspensión definitiva.
En el mes de abril del año pasado, la FGR imputó a Murillo Karam por su presunta responsabilidad en la tortura de la que supuestamente fue víctima “El Cepillo”, a quien se responsabilizó en la pasada administración de la desaparición de los normalistas. Esta fue la segunda causa penal que se inició contra el exfuncionario que fue ingresado al Reclusorio Norte, pero debido a su delicado estado de salud permanece en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco.
En esa ocasión la audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, a petición de la FGR y fue presidida por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, el Ministerio Público Federal lo acusó como probable responsable de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos. La FGR pide una condena de 82 años de cárcel en la causa penal donde se le señala de fraguar la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
