PJF salvaguarda la dignidad humana a través de la protección y garantía de los Derechos Humanos
Al cumplirse el primer año de gestión de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, como Presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), se puede afirmar que esta institución, al garantizar el acceso a la justicia, salvaguarda la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México es parte.
En este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), como la institución encargada de preservar el orden constitucional nacional y de proteger los derechos humanos de las personas, desarrolló nuevas estrategias con el objetivo de fortalecer el rubro mencionado, tanto en su quehacer jurisdiccional como administrativo.
En el documento del Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 2023, se destaca que, en materia de Centralidad de los derechos humanos y consolidación de la perspectiva de género, el Alto Tribunal del país trabajó en el desarrollo y fortalecimiento de cinco ejes de acción:
Ajustes organizacionales para la transversalización del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. El Informe señala que se favoreció la centralidad de los derechos humanos mediante la creación de unidades especializadas e interdependientes, tales como la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos (UGCCDH) y la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género (DGPASCVG). La primera concentra tareas de promoción, estudio y difusión de los derechos fundamentales y tiene la responsabilidad de generar espacios de diálogo y escucha con la sociedad civil y con organismos nacionales e internacionales para implementar acciones que promuevan y fortalezcan el respeto de los derechos humanos, y el uso del conocimiento, tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional. Y, por el otro, la DGPASCVG asumió, de manera exclusiva, las atribuciones de prevenir, atender y dar seguimiento a casos de casos de violencia de género al interior del Alto Tribunal, a fin de centrar todos sus esfuerzos en hacer realidad la política de cero tolerancia.
Justicia constitucional basada en conocimiento científico especializado. En este primer año de la Presidencia de la Ministra Piña Hernández, se destaca que, ante la diversidad y complejidad de los asuntos especializados que se presentan ante La Corte, se creó un área dedicada al conocimiento científico con el objetivo de apoyar a las personas operadoras del sistema de justicia, en especial a la justicia constitucional en la búsqueda, identificación, validación e interpretación de información técnica o experta que utilizan en los procesos de adjudicación constitucional. Al cierre de este año, se elaboraron 12 documentos basados en conocimiento científico, 3 dictámenes, 4 reportes, 4 opiniones científicas y 1 opinión técnica, que facilitaron el acceso al mejor conocimiento disponible al personal jurisdiccional de La Corte.
Estrategias para el fortalecimiento, promoción y garantía de los derechos humanos. Con el objetivo de generar líneas base y propuestas para la implementación de mejoras al sistema de justicia en el acceso de grupos vulnerables, se desarrollaron y fortalecieron proyectos en materia de: acceso a la justicia; justicia penal y género; creación de canales directos de comunicación con víctimas de violaciones de derechos humanos; vinculación con organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos; políticas de accesibilidad e inclusión; y justicia ambiental y cambio climático, entre otros.
Implementación de la política de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “El que, por primera vez en la historia, una mujer presida el Alto Tribunal es un hecho que demuestra el compromiso institucional con la igualdad sustantiva de género y que, además, impulsa la implementación de estrategias encaminadas a generar una auténtica disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres, personas no binarias y hombres”, afirma el Informe.
Estrategias para la erradicación de la violencia de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal impulsó esfuerzos institucionales para reforzar la transversalización de la perspectiva de género y fomentar ambientes laborales seguros, libres de violencia y discriminación para las personas servidoras públicas. Asimismo, la SCJN asumió el compromiso de proporcionar, en forma diligente, oportuna y eficaz, orientación, atención y acompañamiento a las personas afectadas por conductas constitutivas de violencia de género.
No obstante los avances logrados, el Poder Judicial de la Federación reconoce que, en materia de Centralidad de los derechos humanos y consolidación de la perspectiva de género aún tiene una deuda histórica con diversos sectores de la sociedad, entre ellos: mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes personas con discapacidad; personas mayores; y la población LGBTIQ+, porque se encuentran en una situación de discriminación histórica y estructural dentro de la sociedad, expone el Informe.
Política de comunicación
Otra área estratégica para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) es la Política de Comunicación, pues con ella, se asume el compromiso de hacer de la comunicación un valor público al servicio de la sociedad, que construya conocimiento para la agenda de derechos y brinde información útil para la vida de las personas
Bajo esta premisa, se han planteado como objetivos de la Política de Comunicación: mantener una relación cercana y transparente con la sociedad a la que sirve; recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución; promover la transparencia en el sistema judicial; fortalecer la democracia; rendir cuentas a la ciudadanía; brindar información útil para la vida de las personas; y, contribuir a garantizar una eficaz impartición de justicia, bajo los principios de independencia e imparcialidad.
De acuerdo con el Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 2023, este año, el Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrentó un reto de comunicación especialmente complejo, al ser foco del escrutinio público, lo que representó importantes desafíos en la forma en que las actividades y decisiones de La Corte son comunicadas, acelerando la necesidad de un cambio que comenzó con la actual administración.
“Este escrutinio público ha marcado precedentes históricos en cuanto a una mayor demanda por conocimiento y cercanía de la institución hacia la población, lo que ha sido parte de un importante ejercicio de autocrítica y análisis comunicativo, en el que la comunicación ha pasado a ser un componente esencial de la actividad institucional”, se destaca.
Además, se destaca la estructuración de dos áreas fundamentales en la materia: la Dirección General de Comunicación Social y la Dirección General de Justicia TV, con la finalidad de reflejar la nueva visión en la reorganización de las labores, roles y responsabilidades del personal y mejorar la eficiencia, la efectividad y la actividad administrativa en beneficio de la sociedad.
