Opacidad de la Sedena y Marina principales causas de salida del GIEI de México

Tras ocho años de investigaciones por la desaparición de los 43 alumnos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó esta labor en medio de una serie de recomendaciones a las autoridades federales, algunas de las cuales había presentado en informes anteriores, pero,  no han sido cumplidas, las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina-Armada de México (Semar), aparecen como los entes responsables de la obstaculización de las indagatorias de estos hechos.

El GIEI recordó que entre estas destaca la solicitud de una «investigación exhaustiva, completa, seria, que implica impedir la opacidad e implementar mecanismos reales que garanticen la vigilancia y rendición de cuentas,  la unificación de las averiguaciones”, esto debido a que desde el principio la causa judicial fue fragmentada en numerosas causas, que fueron radicadas en diferentes estados,  asegurar que las instituciones entreguen la información sin que puedan negarse con el pretexto de  seguridad nacional, y seguir buscando a los desaparecidos, y garantizar por todos los medios el acceso de las víctimas a la justicia.

Apuntó, “algunas de estas actividades estuvieron a cargo de un grupo especial de inteligencia del que no se ha conocido nada hasta ahora, salvo el nombre con el que aparece en documentos internos, la Unidad de Inteligencia Naval”.

Recalcó, “desde la primera llegada a México se llega al final de los trabajos, a consecuencia de bloqueos sistemáticos a sus tareas de investigación”, ayer se presentaron los resultados de una profundización de los análisis de localización de señales de telefonía celular que permitieron verificar la presencia en los escenarios de ataque no sólo de civiles armados y policías municipales de Iguala y de Cocula, también de personal de distintas instituciones que habían negado haber tenido conocimiento oportuno de los hechos como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), policías federal, Federal Ministerial, Estatal y  Ministerial, municipales de Huitzuco y Taxco, e incluso de la Policía de Tránsito, que hasta ahora no había sido detectada, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Resaltó, se hallaron  contradicciones entre reportes oficiales, lo que generó dudas sobre el lugar y la hora en el caso del hallazgo del cuerpo mutilado del estudiante normalista Julio César Mondragón, con lo que se abrió la posibilidad de que no haya sido encontrado en el sitio del homicidio, sino en la población de Mexcaltepec, Taxco, y trasladado a Iguala por algún propósito.

Al rendir el sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, los integrantes del GIEI Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, refirieron que previamente se había confirmado el flujo en tiempo real de reportes directos a Ciudad de México, a través del Centro Regional de Fusión de Información, este análisis mostró que el Centro de Comando, Comunicaciones, Control y Cómputo de Iguala (C-4), que estaba controlado por personal militar mantuvo en el periodo de violencia, de las 8 de la noche del 26 de septiembre de 2014 a las 6 de la mañana, una alta intensidad de intercambios telefónicos.

Indicaron, “llama poderosamente la atención la enorme discrepancia entre las declaraciones de la mayor parte de los inculpados, apenas refieren comunicaciones con otros actores, de lo que muestra la realidad del análisis técnico, Por otra parte, muestra cómo diferentes grupos y corporaciones se coordinaron internamente, pero también los contactos entre varias de ellas, como Policía Municipal con Policía Federal, Sedena con Policía Municipal, OBI con mandos del 27º Batallón y jefe de Fuerza de Reacción, o el papel de ‘Caminante’ (una figura que habría tenido un papel determinante en los hechos, y sobre el que el GIEI apunta que podría ser un policía ministerial) en la comunicación y coordinación entre miembros del aparato del Estado y de Guerreros Unidos».

Comentó, la versión oficial detalla que el cuerpo sin vida de Julio César Mondragón –con fuertes signos de tortura– fue encontrado por personal del 41avo.  Batallón de Infantería en la zona industrial de Iguala, a las 08:30 horas del día 27, a partir de una denuncia ciudadana. Aunque otro informe militar atribuye el hallazgo al 27avo.  Batallón a las 09:50 horas, y un tercer informe a las 10:20 horas.

Ante esto, se pidió más información a la Sedena, la Zona Militar 35 (de Chilpancingo, que tiene jurisdicción sobre Iguala, Taxco y los municipios del norte de Guerrero) devolvió un reporte que muestra las fotografías del cuerpo del joven, y afirma que fue encontrado por soldados del 41er Batallón en Mexcaltepec, el ocultamiento sistemático de información por parte de la Sedena, es una de las principales razones de que haya decidido el fin de sus trabajos.

Destacó, también la Secretaría de Marina (Semar) ha puesto obstáculos, «la Marina llevó a cabo numerosas acciones que no han sido conocidas, fueron realizadas por orden de la coordinación del Estado Mayor naval. Entre ellas, ocultó durante siete años su participación en la preparación del escenario del basurero de Cocula, tuvo una intervención ilegal en el falso hallazgo de una bolsa con supuestos restos óseos de los normalistas en el río San Juan, practicó detenciones y tortura contra sospechosos, realizó operativos clandestinos que conllevaron detenciones y violaciones de derechos humanos, incluso hay información de presuntas ejecuciones de personas detenidas».

Un día antes a este informe el gobierno federal se comprometió a seguir con la investigación del caso, tras la próxima salida del Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos (GIEI), “… tras una reunión con el grupo, son dos los que se quedaron y ya concluyen su labor, les agradecimos por los que han hecho una buena investigación. Van a presentar un reporte, nosotros vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado mucho”.