Debe poner a disposición de juzgado a director de penal de Santa Martha

La bancada de Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México consideró que tras la riña ocurrida la tarde del lunes pasado en el Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO) de la ´Penitenciaria de Santa Martha donde tres internos que enfrentaban penas por homicidio calificado, secuestro y robo, perecieron tras la agresión de al menos cinco presos, consideró que esta situación “es una muestra de la falta de capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales con tareas de custodia dentro de los centros penitenciarios en la capital”.

El GPPAN manifestó que la destitución del director y subdirector de seguridad del centro penitenciario de alta seguridad de la CDMX, “no es suficiente, hay situaciones de alerta similares en la administración pasado, como la fuga del narcotraficante ´El Vic´ del Reclusorio Sur, que trajo el despido del director del penal, nadie se quedo en la cárcel, en este caso, queremos que se investigue quién fue la persona que incitó el suceso, y en caso de haber alguna omisión o responsabilidad, del director o de custodios, deben ser consignados ante un juez por parte de la Fiscalía”.

Refirieron, derivado de las reformas en donde se le traslado la responsabilidad de los centros penitenciarios capitalinos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en noviembre del 2021, la dependencia a cargo de Omar García Harfuch debe ejecutar medidas presupuestales y llevar a cabo un programa integral de acreditación, capacitación y certificación del personal que labora en las prisiones locales, “esto fue turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Legislativo, es fecha que no se ha dictaminado por Morena y aliados”.

Expusieron, “con buena capacitación de los cuerpos de seguridad en general, se pueden evitar este tipo de situaciones, así como momentos que en ponen en peligro la integridad e incluso vida de terceros como sucedió hace unos días en Iztapalapa durante un operativo y un representante de los medios de comunicación fue sometido con una ´llave china´”.

Recordaron, el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que “las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezca su reinserción social y familiar, a la seguridad, respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de violencia, a no ser torturadas no víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y a tener contacto con su familia”.

Mencionaron, “por lo que las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales, entre los que se encuentran el derecho a la reinserción social de las personas privadas de su libertad, así como el derecho a la seguridad ciudadana”.

Apuntaron, “el personal penitenciario acoge a su cargo a personas que han sido legítimamente privadas de su libertad. Tienen la responsabilidad de retenerlas en condiciones de seguridad y más adelante, en la mayoría de los casos, liberarlas de nuevo para que regresen a la comunidad. Esta función entraña llevar a cabo tareas sumamente exigentes y estresantes en nombre de la sociedad, a pesar de ello en muchos países los funcionarios de prisiones están mal capacitados, mal pagados y no siempre gozan del respeto de la opinión pública”.