Hasta el domingo definen situación jurídica del titular del INM Garduño Yáñez
Será hasta el próximo domingo cuando el juez de Control con sede en Centro de Justicia Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Víctor Mario Hernández Calderón, defina la situación jurídica del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño Yáñez, después de que se negará a rendir declaración y se acogiera al plazo constitucional de 144 horas para que se determine si hay elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra por la muerte de 40 migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En la audiencia inicial de ayer la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó suspender temporalmente del cargo a Garduño Yáñez, aunque el impartidor de justicia negó esta solicitud, e impuso como medida cautelar la firma periódica ante el órgano jurisdiccional cada 15 días, así como la prohibición de que saliera del país, por lo que la audiencia de vinculación a proceso quedó fijada para el próximo domingo a la 11:00 horas.
Mientras, el abogado del extitular de la extinta Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) Garduño Yáñez, sostuvo que las medidas cautelares solicitadas contra Antonio Molina encargado de trámites migratorios en el INM, no hay disparidad en el proceso que lleva el titular del INM, pues la FGR sabía que no le darían prisión preventiva.
Apuntó, «en ese momento que se solicitó la prisión preventiva el juez la consideró desproporcional, toda vez que los funcionarios han cumplido, en esta audiencia se solicitó la separación del cargo y el juez ha reconocido a labor de apoyo».
La defensa de Garduño Yáñez se basó en que “el actuar de ambos y de todo el Instituto fue el adecuado, y que toda la responsabilidad era de la empresa privada que estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones.La compañía había sido contratada por el INM y, según la investigación incurrió en numerosas irregularidades generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.
Refirió, dos de los vigilantes presentes en las instalaciones el día del incendio están libres. La FGR sólo informó de una orden de captura pendiente.
Cabe destacar que el contraalmirante Salvador González que era jefe del INM en Chihuahua, está acusado de ejercicio indebido del servicio público, lesiones y homicidio por omisión y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y la persona migrante que presuntamente inició el fuego.
El impartidor de justicia consideró que González era el responsable de las instalaciones siniestradas, que no vigiló que se cumplieran las normas contra incendios ni que las personas migrantes tuvieran condiciones de estancia dignas.
También avaló que los extranjeros estuvieran encerrados con candado como si el centro fuera una “prisión preventiva”, aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional detener a las personas migrantes por más de 36 horas, un periodo que se había superado en muchos casos.
