Suprema Corte de Justicia admite controversia contra Plan “B”
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera etapa del Plan B, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El INE denunció la posible invasión de sus facultades legales. Además también promovió una acción de inconstitucionalidad contra las mismas reformas, pero en ese juicio combate la presunta violación a principios de la carta magna.
“El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, señala el acuerdo del ministro Pérez, donde admitió a trámite la denuncia del INE.
La SCJN también admitió a trámite la controversia que, por las mismas reformas, interpuso el municipio de Chihuahua, Chihuahua, aunque decidió no otorgar la suspensión que el ayuntamiento solicitó.
Esta es la primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, de un total de 125 similares que gobiernos estatales y municipales han presentado ante la SCJN.
En cuanto al INE, este argumentó una posible violación a sus facultades legales, establecidas en la Constitución.
“Producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, señaló el INE, según se lee en el acuerdo de admisión a trámite por parte del máximo tribunal.
Con los cambios del Plan B a la Ley General de Comunicación Social permiten a servidores públicos se manifiesten de manera pública (promoción de sus logros) “en uso de su libertad de expresión” y en el ejercicio de sus labores sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda gubernamental.
El Gobierno federal solicitó a la Suprema Corte que revoque la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán contra el Plan B de Reforma Electoral en los estados de Coahuila y el Estado de México.
