Alerta INE sobre inconstitucionalidades de la reforma en las elecciones
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el Informe sobre la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma que modifican las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, que fueron publicadas el 27 de diciembre de 2022, así como de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo proceso legislativo continuará a partir del 1 de febrero, y que son conocidas por la opinión pública como “Plan B”.
El documento analiza y explica las implicaciones que tendrían estas reformas en la celebración de elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución, y las afectaciones en materia de autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral, los avances para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos.
Además se señalan consecuencias en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa de los Organismos Públicos Locales, así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas que se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales.
El Informe tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía la opinión especializada del órgano del Estado mexicano encargado, junto con los Organismos Públicos Locales, de organizar los comicios para la renovación de las instancias públicas mediante el sufragio, sobre los riesgos que podrían ocasionarse con algunas de las reformas y, especialmente, para el ejercicio, garantía y defensa de derechos político-electorales fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmóque si el proceso legislativo de la reforma legal se culmina y se publican los cambios legales, “lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia”.
“La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido, colectivamente, a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos”, indicó Córdova Vianello.
En materia de fiscalización se abre la oportunidad a la simulación y ocultamiento de operaciones
Por su parte, el Consejero Jaime Rivera destacó las afectaciones que la reforma conlleva en materia de fiscalización al restar autonomía técnica constitucional a la Unidad Técnica de Fiscalización al convertirla en una Dirección Ejecutiva. Además de restringir la posibilidad de fiscalizar actividades irregulares que los sujetos realicen o que no estén previstos en los supuestos establecidos en la ley, las modificaciones legales impiden que el INE cancele candidaturas a quienes no cumplen con transparentar sus ingresos y gastos, mencionó.
“La reforma propone que la violación de no entregar informes de ingresos y gastos de precampaña deje de ser sancionada de manera severa y establece una ampliación de los plazos en los cuales los partidos están obligados a reportar en el Sistema Integral de Fiscalización las operaciones de ingresos y gastos, lo que abre la oportunidad de simulaciones y ocultamientos de operaciones”, dijo Rivera.
Afectaciones en materia de organización electoral
La presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Humphrey dio cuenta de las afectaciones que tendrá la reestructura organizacional y la eliminación de áreas fundamentales, “al dejar inadvertida la especialización y el profesionalismo de cada una, sin analizar objetiva y exhaustivamente sus consecuencias”.
En riesgo Padrón Electoral confiable
El Consejero Ciro Murayama subrayó que la reforma electoral echa a la calle a quienes coordinan el trabajo de los módulos, desde donde se actualizan el Padrón y la cartografía electoral. “Afectar la actualización del Padrón es dañar de base el trabajo de planeación, organización y ejecución de las elecciones auténticas que México ya tiene, pero que se quieren dañar de forma irresponsable”.
Diputados, contra Plan B
Los diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad para solicitar la declaración de invalidez del decreto de la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, por el atropello a principios y disposiciones constitucionales.
Los legisladores que integran las bancadas del PRI, PAN y PRD consideran que el Plan B de la Reforma Electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia.
Además, advierten que falta a la equidad en procesos electorales, toda vez que permite a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato, y atenta contra la transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que ahora los servidores públicos podrán presentar en el momento que decidan sus informes, incluido durante un proceso electoral.
El líder congresista del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmó que en dicha reforma se exhiben violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario. Señaló que, durante el proceso legislativo para su aprobación, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
“Hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad porque en Acción Nacional y los partidos de la coalición Va por México estamos a favor de la defensa a nuestras instituciones democráticas que tantos años nos ha costado construir y en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”, señaló el coordinador panista Jorge Romero.
Luis E. Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reiteró lo delicado que resulta para el país, el hecho de que el oficialismo violara el proceso legislativo, mediante una aprobación “fasttrack”, y con miras hacia una elección de Estado que puede derivar en un conflicto postelectoral.
