Refinería Dos Bocas, símbolo de corrupción

* Hay evidencia de corrupción y nexos con empresario ligado a caso Odebrecht y huachicol, denuncia López Rabadán

La construcción de la refinería de Dos Bocas es una muestra más de la falta de resultados y de la corrupción que ha distinguido a la administración que encabeza el presidente López Obrador, al asignar contratos a compañías relacionadas con Juan Carlos Tapia Vargas, empresario ligado al caso Odebrecht y al delito de huachicol, denunció la senadora Kenia López Rabadán.

“La refinería Dos Bocas es un claro ejemplo de corrupción y de falta de resultados. De 2019 a la fecha se han asignado al menos tres contratos a empresas ligadas con Juan Carlos Tapia Vargas, un empresario hidalguense acusado de huachicoleo y de entregar sobornos en torno al caso Odebrecht”, subrayó.

Durante su conferencia “La Contramañanera”, sostuvo que la Secretaría de Energía debe supervisar los antecedentes de las empresas a las que se les asignan los contratos y no hacer excepciones.

“Y ya que viene la secretaria Rocío Nahle esta semana a comparecer ante la Comisión de Energía, será interesante saber cuál es su opinión o su excusa, para haber contratado a empresas que tienen vínculos con un personaje acusado de huachicol, uno de los delitos que supuestamente iba a ser perseguido por el presidente López Obrador”, indicó.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado expuso que el 10 de marzo de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por el delito de sustracción ilegal de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, derivado de una toma clandestina ubicada en las instalaciones de la empresa Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA).

Dicha empresa fue fundada por Juan Carlos Tapia en el estado de Hidalgo, sin embargo, en 2018 Pemex se desistió de la denuncia y el delito quedó impune, comentó.

“El 5 de julio de 2019, CITAPIA fue inhabilitada para participar en contrataciones públicas de carácter federal, pero el señor Tapia y su familia no sólo recibían contratos mediante esa empresa. Existen al menos cuatro más en las que tanto sus hermanos, sus primos y su pareja figuran como accionistas”, dijo López Rabadán.

Al mostrar una presentación sobre el tema, señaló a las cuatro empresas, los accionistas y los contratos que les han asignado al menos a dos empresas más.

Especificó que el 30 de abril de 2007 crearon una empresa denominada Mexicana de Recipientes a Presión S.A de C.V, cuyos accionistas fueron, según el Registro Público de Comercio: Juan Carlos Tapia, Selene Martínez Abarca y Gilberto Juan Tapia Vargas.

Esta empresa ha recibido al menos un contrato por servicios e integración de la Refinería en Dos Bocas por 78.4 millones de dólares. Esto es, los involucrados en delitos, incluso en administraciones anteriores, ahora son los contratistas de Morena, añadió la legisladora por el PAN.

En ese mismo sentido, dijo que Mexicana de Recipientes cambió su razón social a Procesos Especializados y Proyectos S.A de C.V (Proesa), el 18 de marzo de 2018, cuyos accionistas son Abel Vargas Rosales, primo del multicitado Juan Carlos y Ángel Manuel de Jesús Bautista.

El 15 de diciembre de 2017 dieron de alta una empresa que se llama Grupo Constructor Industrial Oil and Gas S.A de C.V, cuyos accionistas nuevamente son su primo, Abel Vargas Rosales, Yosimir Moreno Constantino y Selene Martínez Abarca, agregó.

Sin embargo, dijo, fue hasta el 9 de diciembre de 2020, según consta en el Registro Público de Comercio, cuando registraron la empresa Manufactura Especial y Proyectos Industriales SAPI de C.V, con las siglas de MEPI, empresa que ha recibido al menos dos contratos por parte del Gobierno federal para la refinería de Dos Bocas. La empresa fue creada “a modo” para participar en dicha obra, aseguró la legisladora federal.

“Aunado a ello, los accionistas de MEPI, son dos empresas, una de ellas, relacionada con el señor Tapia: Procesos Especializados y Proyectos S.A de C.V. Los contratos que le han asignado a las empresas del señor Tapia, suman aproximadamente 400 millones de dólares”, concluyó Kenia López.