Claudia Sheinbaum debe de separar de su cargo a Amador Rodríguez Lozano
Leonardo Juárez R.
Las fracciones parlamentarias de Acción Nacional (PAN) en los Congresos de la Unión y de la Ciudad de México, exigieron a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, separar del cargo a su coordinación general de Relaciones Interinstitucionales Amador Rodríguez Lozano, ya que la Fiscalía General del Estado de Baja California, le imputóel delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de manera dolosa, junto a más funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez.
El GPPAN manifestó “desde un inicio lo señalamos, fue un error y expresamos nuestro rechazo a la incorporación de Amador Rodríguez como asesor de Claudia Sheinbaum Pardo, le advertimos que era un funcionario corrupto, de mala reputación y de pésima trayectoria en el gobierno de Baja California encabezado por Jaime Bonilla Valdez”.
Al respecto el diputado local Héctor Saúl Téllez Hernández, informó ayer la Fiscalía General de Justicia de Baja California, “le da la razón al PAN, al imputarle a Rodríguez Lozano una responsabilidad penal por un desfalco de un parque eólico y tranzas con la empresa Next Energy.Y de nueva cuenta, debemos lamentar que los fines electorales y los recursos de la Ciudad de México, lo maneja Sheinbaum Pardo solo para promoverse a sí misma y obtener votos de cara a la encuesta delMovimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones de 2024”.
Apuntó, a la administración de Morena en la Ciudad de México se incorpora a gente corrupta en diversos sectores de gobierno. “Le exigimos la renuncia y la separación del cargo inmediatamente a este funcionario que ha manchado a su gobierno como en su momento lo hizo el exsecretario de Seguridad Ciudadana Jesús Orta Martínez, el de Rafael Gómez Cruz extitular de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de Florencia Serranía Soto extitular del STC-Metro a quien se le responsabiliza del colapso en la estación Los Olivos de la línea 12 en mayo de 2021”.
Amador Rodríguez Lozano exsecretario de Gobierno de Baja California, fue acusado públicamente por violencia de género, y ser uno de los principales operadores de la conocida “Ley Bonilla”, la cual fue calificada como un fraude constitucional que pretendía ampliar el periodo de mandado de 2 a 5 años del exmandatario morenista Jaime Bonilla Valdez, quien se integró como titular de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales del gobierno de la Ciudad de México.
La Fiscalía estatal le investiga por ser presunto responsable en el contrato firmado durante la gestión de Bonilla Valdez con la empresa Next Energy, que pretendía la construcción de una planta fotovoltaica en el valle de Mexicali, considerado un desfalco que casi costó 12 mil millones de pesos al estado.
Asimismo, se le atribuye gran parte de las reformas impulsadas en esa entidad, como los impuestos a los combustibles, la disolución del Consejo de la Judicatura, entre otras muchas más, que fueron frenadas por el Poder Judicial de la Federación.
