Desapariciones en México, en la impunidad total

A unas horas de entregar su cargo, la Alta Comisionada de la ONU-DH Michelle Bachelet urgió a México a trabajar en su sistema de seguridad pues las desapariciones forzadas en el país se encuentran en un estado de “impunidad casi absoluta”, señaló. «México es un país que merece revisar su modelo de seguridad, asegurar la tranquilidad de sus habitantes, abatir la impunidad existente en los sistemas de justicia y erradicar la revictimización», recomendó.

En la presentación del libro La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas, dijo que para erradicar la impunidad de las desapariciones atribuidas tanto al Estado como a actores no estatales, el Estado mexicano “debe cumplir con su deber de búsqueda de las personas desaparecidas hasta determinar su paradero, suerte o destino”.

Fue mediante un video que urgió al Estado mexicano a implementar sin dilación las recomendaciones que han presentado distintos organismos de derechos humanos.

Afirmó que “la desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora, que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia, y que tiene efectos aún más críticos en las mujeres, niñas y adolescentes, así como en las personas migrantes”.

Pidió transformar esta realidad. “Las recomendaciones sistematizadas en la publicación, así como los dictámenes internacionales adoptados por los órganos de supervisión de los tratados, deben implementarse sin delación. No hay tiempo que perder. Son más de 100 mil las personas oficialmente reconocidas como desaparecidas en México”.

La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, instó a mantener la naturaleza civil de la Guardia Nacional (GN) y de la seguridad pública en general, “consagrada constitucionalmente”.

Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que alista un decreto y una iniciativa de ley al Congreso para trasladar la estructura de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la portavoz de la alta comisionada, Ravina Shamdasani, reiteró que la ONU-DH y diferentes mecanismos de derechos humanos han insistido en el fortalecimiento de las instituciones civiles en México, “para asegurar el carácter civil de las corporaciones de seguridad”.

Se ha insistido “en que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es excepcional, un último recurso de carácter temporal y fiscalizado por órganos civiles independientes”, externó.

A través de redes sociales, la ONU-DH dio a conocer estas declaraciones de Shamdasani en Ginebra, Suiza, quien también enfatizó que la alta comisionada Bachelet “ha reiterado que la creciente militarización supone un debilitamiento de la institucionalidad democrática”.

Al respecto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló en el Centro Cultural de España que se debe reconocer que “las salidas que hemos buscado para resolver el problema de la impunidad, no han funcionado”.

Dijo que “pensamos que dotar de autonomía al Ministerio Público para que este no se convirtiera en un instrumento de acción política contra los disidentes nos ha llevado a generar un conjunto de fiscalías con un metapoder transexenal que en ocasiones se convierte en contrapeso de la acción del propio poder Ejecutivo local o federal”.

La mayor parte de las fiscalías en el país han asumido una autarquía que “no solamente no está ayudando a resolver el problema, sino que está ayudando a reproducir las mismas prácticas del sistema anterior”.

Añadió que un segundo error ha sido la creación de mecanismos extraordinarios para suplir a las funciones de las instituciones estatales que no realizan sus funciones. Por ejemplo, señaló, “tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda y un Sistema Nacional de Búsqueda que realizan las funciones que deberían realizar las fiscalías de los estados. Y las fiscalías nos dicen que no existe el derecho a ser buscado, que para ejercerlo debe estar presente la víctima, o que no tienen recursos para esta labor”.

Por ello, planteó que se debe “repensar en serio el sistema de procuración de justicia para poder romper el lastre de la impunidad”.

Dijo además que “no podemos negar la existencia de colusión y complicidades entre autoridades y agentes y fuerzas de seguridad del Estado” con el crimen organizado. La asociación delictiva entre autoridades, particularmente municipales y estatales, y grupos delictivos, ha disparado este fenómeno de desaparición de personas.

Por su parte, Amnistía Internacional México también hizo un llamado “fuerte y claro” al presidente López Obrador a reconsiderar su decisión “de militarizar la seguridad pública del país”, al trasladar la estructura de la Guardia Nacional a la Sedena.

Recordó que en la Constitución, la ley de la Guardia Nacional y su reglamento interno establecen que ésta tendrá el carácter de actividades civiles, no militares.

También refirió que los estándares internacionales de derechos humanos “señalan que las fuerzas armadas sólo pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil y no militar”.