Infringen la Ley en el Poder Judicial del Estado de México
Toluca, Edomex.- No hay quien audite al Poder Judicial del Estado de México, donde se transgrede la ley con la complicidad de jueces y ministerios públicos, por eso solicitan al Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuéllar, se ocupe de esas irregularidades, como presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México (TSJEM).
Como lo ha venido comentando el padre de Cristian Julio Guzmán, un joven que fue baleado con una arma corta de grueso calibre, por un incidente de tránsito, puso en evidencia la corrupción que existe en los penales del Estado de México, en los que se violan los derechos humanos y se negocia de manera impune a cambio de beneficios. Por lo que denunció ya en el Consejo de la Judicatura de TSJEM y además en Órgano de Control, sin embargo no ha prosperado las dos quejas haciendo caso y prácticamente «aventandose la pelotita», la pregunta es ¿quien los regula a ellos?.
Jorge Guzmán Torres padre de la víctima, narró a el periódico El Día una historia que aún no termina y cuyos infractores incluso tratan de sorprender a la justicia del Estado de México, con manifestaciones, pero para el Gobernador Alfredo del Mazo no pasa nada y sólo ocurren cosas buenas.
Debido a esta red de corrupción, en la que están involucrados jueces y Agentes del Ministerio Público, el agresor de Julio está a punto de obtener su libertad.
El incidente de tránsito ocurrió el 6 de agosto de 2020 en la colonia Valle de Santiago, municipio de Ecatepec de Morelos, en la calle Zapotecas cuando un sujeto que circulaba con exceso de velocidad, en compañía de una mujer se impactó contra el auto de Julio y en vez de negociar un arreglo, desenfundó un arma y a quema ropa disparó contra Julio hasta en cuatro ocasiones con toda la intención de herir a Julio. quien quedó lesionado de gravedad en el interior de su vehículo.
De manera por demás cobarde el agresor huyó, aunque meses después fue localizado y puesto a disposición de las autoridades a quien dijo llamarse Efrén Rodríguez García, pero que resultó ser Ushay García López, con base en la carpeta de investigación radicada en el centro de justicia de San Agustín, que está a cargo del licenciado Marco Antonio Rojo Reséndiz, por el delito de lesiones y lo que resulte.
A través de acciones legaloides y un juicio abreviado los abogados de este delincuente intentaron que quedará en libertad para causar más daño a la sociedad, pero los familiares de Julio apelaron, confiando en la administración de justicia del Estado de México representada por el Magistrado Doctor Sodi Cuellar.
Aún así el pasado lunes 25 de abril de este 2022 la Jueza de Control, Susana Alvarez Mena, la cual inicialmente propuso dejar en libertad al agresor a cambio de que esté cubriera los gastos médicos de la víctima, que ascienden a más de tres millones de pesos.
No obstante la jueza en cuestión minimizó el asunto y ordeno que el agresor pague solamente 450 mil pesos, lo cual representa un serio daño a la víctima y sus familiares y una violación fragante al estado de Derecho, agresión que consumó con el apoyo de otra juez. la abogada Karen Reyes Guadarrama, de manera que en el Estado de México con todo y la separación de poderes se pone en entre dicho que exista justicia, ya que se evidencia en lo particular y en lo general que en el Gobierno de Alfredo del Mazo predominan la corrupción y la ineptitud.
Es por eso que la Jueza de Control del Penal de Chiconautla, Susana Alvarez Mena, la cual sospechosamente se negó a tipificar el delito descrito como intento de homicidio, con el argumento de que si el delincuente hubiera pretendido asesinar a su víctima, le habría disparado a la cabeza, insiste en dejar en libertad al presunto agresor. Por esa razón abogados de la familia Guzmán, tuvieron que recurrir a la Apelación y recurrir nuevamente a la justicia del Estado de México, denunciando ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, lo que a juicio de ellos es una irregularidad.
Dentro de la irregularidad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya hizo su trabajo al suspender e
investigar a la Agente del Ministerio Público, Liliana Gil Sandoval, quien estaba adscrita al Centro de Readaptación Social de Chiconautla, no solo intentó minimizar el delito sino que además retiró la acusación por homicidio en grado de tentativa, sustituyéndolo por el de lesiones. Además ella fue la encargada de la defensa del ofendido, sin embargo todo hace suponer que hubo complicidad para dejar en libertad a un homicida que es un enemigo de la sociedad.
