Padre de víctima evidencia la corrupción en penales del Edomex

Ecatepec de Morelos, Edomex.- Padre de Cristian Julio Guzmán, joven baleado con arma corta de grueso calibre evidencia la corrupción en los penales mexiquenses en donde se violan los derechos humanos y se transgrede la justicia por beneficios. 

Jorge Guzmán Torres, padre de la víctima (Cristian Julio), narra nuevamente al periódico El Día, una historia que aún no tiene fin y que incluso tratan de sorprender a la justicia del Estado de México, inclusive por manifestaciones. 

Como se narró en su momento, se trata de una de las tantas historias de impunidad en el Estado de México -en donde no pasa nada y solo hay cosas buenas, afirma el gobernador Alfredo Del Mazo Maza -. 

Pues no, como es el caso de la víctima Cristian Julio Guzmán Valdez, que estuvo a punto de morir y ahora su agresor está a punto de obtener su libertad, con la presunta complicidad de jueces y hasta ministerios públicos. 

Así es como Jorge Guzmán Torres, padre de la víctima, nos narró que los hechos se remontan a un incidente de tránsito ocurrió el 6 de agosto de 2020, en la colonia Valle de Santiago, municipio de Ecatepec, en la calle Zapotecas. Cuando un sujeto que iba a exceso de velocidad en compañía de una mujer -que por cierto dijo al momento de los hechos que lo había matado- le disparó en cuatro ocasiones a Cristian Julio, quedando lesionado de gravedad en el interior de su vehículo. El agresor huyó, pero después de meses por investigaciones de la misma familia, se logra ubicar su identidad y paradero. 

Así se pudo asegurar a quien dijo llamarse Efrén Rodríguez García o Ushay García López, con base en la carpeta de investigación radicada en el Centro de Justicia de San Agustín, que está a cargo del licenciado Marco Antonio Rojo Reséndiz, por el delito de lesiones y lo que resulte. 

Hoy en día los familiares y amigos de Cristian Julio, confían del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, que llegó con la encomienda del gobernador Alfredo del Mazo Maza -quizás- de abatir la impunidad, combatir la corrupción y aplicar la ley para sancionar las conductas delictivas para brindar mayor seguridad pública a los habitantes.

De esta forma, tanto del Fiscal como del Presidente del Poder Judicial de la entidad, el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, ahora tienen la oportunidad de hacer justicia, porque luego de un incidente vial, dispara a quemarropa cuatro balazos, con una pistola 9 milímetros al conductor del otro vehículo, que quedó seriamente lesionado de muerte. Es la pregunta obligada: ¿Lo quería matar, o no? La respuesta cae por su propio peso, y el asunto inició en manos de una jueza del Poder Judicial del Estado de México, Susana Álvarez Mena, que aún trabaja como jueza de Control de Chiconautla, que misteriosa y sospechosamente, se niegó a tipificar el delito como intento de homicidio, porque dijo “ si lo hubiera querido matar, le habría disparado en la cabeza”. 

Posteriormente, la agente del Ministerio Público Liliana Gil Sandoval -hoy suspendida según refirió vía telefónica la licenciada Margarita Álvarez Salgado, de la Oficina de la FGJEM-, dijo al padre de la víctima Jorge Guzmán Torres. 

La abogada Liliana Gil Sandoval, estaba adscrita al Centro de Readaptación Social de Chiconautla, sospechosamente trata de aminorar el delito y retira la acusación por Homicidio en grado de tentativa, a pesar de que Cristian Julio salvó la vida de milagro, y hasta el momento lleva once intervenciones quirúrgicas costeadas por su familia, gracias a las cuales ha logrado sobrevivir. «Que no era necesario aportar pruebas de los gastos de la operaciones quirúrgicas», dijo a sus familiares. La otra pregunta: ¿Entonces a quién defendía la ministerio público? Hechos que fueron denunciados a combate a la corrupción de la propia FGJEM a través del abogado defensor de la familia Guzmán, el licenciado Homero Bautista Salcedo, que ahora ha recibido algunos reclamos de los servidores públicos drl mismo penal de Chiconautla. 

Por lo anterior que hace al Poder Judicial, personal del Juzgado en la audiencia de la Sala 14, de hace una, semana o sea el viernes 22 de abril de este 2022, presionó a la víctima Cristian Julio Guzmán Valdez, para que diera el monto de sus lesiones para poder dejar en libertad al indiciado. Por el simple hecho de portar un arma 9 milímetros, ya amerita acción penal en su contra, y más por haberla disparado contra una persona, pero la explicación del por qué quieren dejar en libertad a Efrén Rodríguez García o Ushay García López (como se llame). 

Fue así como la traición se consumó al propio gobernado Del Mazo Maza, porque no se protege al pueblo. Ya que este lunes 25 de abril también de este 2022, ya que a través de acciones «legaloides», de un «Juicio Abreviado», pretendieron sacar a ese delincuente para que siga haciendo más daño a la sociedad. Por lo que se apeló para que se aplique la ley, confiando en la administración de la justicia del Estado de México, representada por el doctor Sodi Cuéllar. 

Siguiendo la cadena de corrupción el lunes 25 de abril de este 2022, desde un principio la traición a la confianza, se consumó, ya que desde un principio fue el inicio de la jueza de Control, Susana Álvarez Mena, que propuso inicialmente dejarlo en libertad al agresor, a cambio de que pague los gastos médicos de la víctima. Sin embargo que ascienden a más de tres millones de pesos por 11 cirugías, pero ella los cuantificó en 450 mil pesos, por eso se pide la intervención del Presidente del Poder Judicial, para evitar que este sea un nuevo caso de impunidad. Que al final de cuestas se consumó a través de la otra jueza y cómplice de Susana Álvarez, que es la abogada Karen Reyes Guadarrama, quien seguramente rendirán cuentas pronto.

De manera que aún habiendo en el Estado de México, la separación de poderes, se pone en entredicho que exista justicia, ya que se enudencia en lo particular y general, como el gobierno de Alfredo del Mazo, es un sinónimo de ineptitud y corrupción, incluyendo los organismos autónomos que solamente sirven para gastar dinero como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), cuya corrupción tiene cara de mujer ahora.