Rechaza juzgado de Control librar orden de captura contra extitular de la SSP
En acatamiento a un juicio de garantías concedido por un juez federal al exsecretario de Seguridad Pública capitalino Raymundo Collins Flores, un juez de control negó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) orden de detención contra el exfuncionario local como presunto responsable del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por contratar a una empresa de manera directa a la que se le pagaron 5 millones 199 mil 816 pesos, en 2018.
De esta manera el impartidor de justicia del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce del Poder Judicial de la Ciudad de México, informó al juez VI de distrito de amparo en materia penal que analizó nuevamente la solicitud de orden de aprehensión y la necesidad de cautela, y determinó negar el mandamiento judicial.
Cabe señalar, que la dependencia a cargo de Ernestina Godoy Ramos impugnó la resolución del juez de amparo, pero el V Tribunal Colegiado en materia penal tras analizar la solicitud modificó algunos puntos de la sentencia, y ratificó el amparo a Collins Flores al detectar “vicios formales” en la orden liberada por el juez Héctor Fernando Rojas Pacheco el 7 de enero de 2021.
Asimismo, se instruyó al juez de Control analizar si existía otra forma de conducir a proceso al también extitular del Fideicomiso de la Central de Abastos y del Instituto de Vivienda de la CDMX, distinta a la orden de aprehensión en términos del 141 del código nacional de procedimientos penales, porque el delito que se le imputa al exfuncionario de la extinta PGR no amerita prisión preventiva oficiosa.
Además, se localizaron otras irregularidades, entre ellas, que no se le citó a comparecer para ser informado de los hechos que se le imputan.
En su momento la FGJCDMX insistió ante el juez de la causa que Raymundo Collins autorizó la contratación de un servicio de consultoría para la elaboración de diagnóstico de operación de la Dirección General de Administración de Personal y mejora de procesos dentro de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública local, por un monto superior a los 5 millones de pesos. Por estos hechos, se imputó a tres servidores públicos más de la mencionada dependencia local.
