Golpe a la libertad en administración de Layda Sansores

Francisco Javier Vázquez Burgos

En Campeche ya no se investiga la corrupción: se castiga a quien la denuncia. No se audita el desvío de recursos públicos: se sanciona al ciudadano que lo señala. No se protege la legalidad: se protege al poder. La reciente sentencia contra el periodista Jorge González Valdez, que lo inhabilita durante dos años para ejercer su oficio y lo obliga a pagar dos millones de pesos, no es un acto de justicia; es un acto de intimidación institucional, una advertencia directa a quienes aún se atreven a ejercer sus libertades. No se está castigando una conducta indebida: se está castigando el derecho mismo a informar y opinar. Es, sin rodeos, un golpe a los derechos fundamentales y a la libertad de expresión.

Pero esta agresión no ocurre en el vacío. La Auditoría Superior de la Federación ha exhibido más de 13,449 millones de pesos con irregularidades en las cuentas públicas del gobierno de Layda Sansores. El 69.6 % de los recursos auditados están observados: hay transferencias sin destino claro, pagos sin soporte, compras públicas sin licitación, sobreprecios, obras sin documentación y cientos de millones extraviados en rubros sensibles como salud, educación y seguridad. Destacan los 275 millones ejercidos sin evidencia, los 96.6 millones sin registro de destino en insumos médicos y nóminas, e incluso una adquisición de cámara hiperbárica por 3.5 millones de pesos sin competencia alguna. Esos son los verdaderos golpes: miles de golpes al erario, a la legalidad y al pueblo. Y en vez de explicar, el gobierno decide silenciar.

Cuando las instituciones no sancionan el abuso del poder sino la crítica al poder, estamos ante una regresión democrática. El fallo contra Jorge González Valdez es solo el instrumento: el mensaje va dirigido a todos. Lo que se pretende es establecer un precedente: que cualquiera que se atreva a tocar al poder local con palabras, lo pague con su libertad profesional y su patrimonio. Esto no es justicia. Es censura, disfrazada de sentencia.

Y eso es lo verdaderamente peligroso. Porque cuando el sistema judicial se convierte en ejecutor de las venganzas políticas del Ejecutivo, el Estado de Derecho deja de ser un principio para convertirse en una fachada. El constitucionalista Ronald Dworkin sostenía que los derechos no están sometidos al voto de las mayorías, pues “los derechos fundamentales son inherentes a la dignidad humana y no pueden ser sacrificados por conveniencia política” (Dworkin, Taking Rights Seriously, 1977). La libertad de expresión, en particular, debe proteger incluso aquellas ideas incómodas para el poder, porque “una democracia no puede funcionar sin un espacio libre para la crítica y la disidencia” (Dworkin, Freedom’s Law, 1996).

Dworkin también enfatizaba que negar la libertad de expresión es “negarle al individuo su estatus moral como ciudadano, tratándolo como un súbdito sin voz en los asuntos públicos”. Por eso, cada vez que se impone silencio por la vía judicial o política, se está perpetrando una forma de deshumanización política que descompone las bases mismas de la democracia.

Y eso es exactamente lo que Campeche está mostrando al país. En lugar de asumir con transparencia las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en lugar de rendir cuentas por miles de millones de pesos que no cuadran, la administración de Layda Sansores opta por perseguir a quien señala la podredumbre. Es un reflejo de lo que ocurre cuando el poder pierde el rumbo y, en lugar de corregir, se atrinchera detrás del aparato judicial. Que un juez haya prestado su firma para avalar semejante atropello revela otra grieta: el derrumbe de la independencia judicial. Porque cuando la toga se pone al servicio de la consigna, el tribunal deja de ser garante de derechos y se convierte en verdugo del ciudadano.

El problema es más amplio. Este no es solo un asunto local. Campeche se ha convertido en un laboratorio de control político donde se ensayan fórmulas autoritarias para exportarlas después al resto del país. Lo vimos en Nicaragua, donde se empezó cancelando medios. En Venezuela, donde primero se inhabilitó a periodistas incómodos. En Cuba, donde todo se resume a una voz única. Y ahora lo estamos viendo aquí, bajo la bandera de una transformación que de democrática ya no tiene nada.

Lo más irónico es que esta estrategia no fortalece a la gobernadora. La exhibe. Cada intento por silenciar a la prensa, cada abuso judicial, cada sanción absurda, solo pone más luces sobre lo que busca esconder: el desorden administrativo, el desvío de recursos, el fracaso del gobierno y la profunda debilidad ética de quien lo encabeza. Porque si se castiga a quien pregunta, es porque no hay respuesta. Si se silencia a quien investiga, es porque no hay defensa posible. El poder que necesita callar para sostenerse, ya se declaró culpable de antemano.

Cada día que Jorge González Valdez permanece sancionado es un golpe, no solo a él, sino a todos. Es una agresión al derecho de los ciudadanos a saber. Es una advertencia a los medios, a los activistas, a los estudiantes, a los abogados, a los académicos. Es un intento de moldear un país sin crítica, sin disenso, sin vigilancia. Y si no lo detenemos ahora, pronto será delito ejercer la libertad.

Al respecto, la presidente Claudia Sheinbaum reaccionó al caso del periodista Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, quien fue vinculado a proceso bajo cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Cualquier cosa que tenga que ver con la censura, estamos en contra”, expresó la presidenta Sheinbaum.

“Está garantizada la libertad de expresión, y las y los gobernadores deben garantizarla”, declaró.

Sobre si haría un llamado a la gobernadora Sansores, la titular del Ejecutivo mencionó que debe revisar el tema: “Todo lo que tenga que ver con coartar libertad de expresión no debe ser castigado, y menos penalmente”.

Cabe recordar que Jorge González dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que enfrenta una persecución orquestada por el gobierno de Layda Sansores, luego de que una jueza estatal lo vinculara a proceso bajo cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora de Campeche.

Además de ordenar el cierre del portal Tribuna, prohibir a González Valdez ejercer el periodismo durante dos años e imponer una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social del estado. La jueza, añadió, ordenó el embargó algunas de sus propiedades.