Elección judicial: tiro de gracia a la democracia
La reforma judicial en curso es la culminación de un proceso de destrucción de la democracia conquistada en múltiples luchas que tuvieron lugar en las últimas décadas. Este cambio profundo y radical se ha llevado a cabo de manera ilegítima mediante la captura facciosa de las instituciones autónomas de control y la modificación arbitraria de la Constitución. La excesiva concentración del poder, la eliminación de contrapesos y la virtual desaparición de la división de poderes se han dado por la acción de una mayoría calificada artificial que no corresponde a los resultados electorales de 2024.
La ilegítima sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados constituyó un golpe directo a la pluralidad: el 46 por ciento de los ciudadanos no votó por el oficialismo. Es, sin duda, un regreso a los tiempos previos a la reforma política de 1977. Esa distorsión de la voluntad popular, que fue posible con la complicidad del INE y el Tribunal Electoral, abrió paso a la aprobación del llamado Plan C, cuyas iniciativas fueron presentadas el 5 de febrero de 2024 por el expresidente López Obrador, entre ellas la reforma judicial. Cabe recordar que, en el Senado, para lograr dos tercios de los votos que necesitaba el oficialismo, se recurrió a la cooptación de senadores opositores, inclusive mediante el desistimiento y la cancelación de órdenes de aprehensión.
De todas las reformas constitucionales que se han aprobado con la ilegítima mayoría calificada, la más perniciosa es la judicial. Surgida del deseo de venganza y la ambición de poder, no resuelve ninguno de los problemas torales del sistema de justicia y, por el contrario, empeora muchos de los mismos y crea nuevos. La reforma destruye al Poder Judicial Federal como un poder independiente, de equilibrio y de vigilancia constitucional y lo entrega a una sola corporación -el partido Morena-, que ya controla en los hechos los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La elección de jueces, magistrados y ministros capturará al Poder Judicial en beneficio del Ejecutivo y sus consecuencias lacerantes perdurarán por muchos años. Es una falacia decir que México es el país más democrático del mundo por ser el único, junto a Bolivia, que elegirá a sus juzgadores. Tantos países del mundo no pueden estar equivocados. La popularidad no es requisito de las funciones de los impartidores de justicia y los compromisos políticos que ahora tejan los aspirantes pueden convertirse, a no dudar, en futuros conflictos de interés. Desde hace 30 años se instauró en México la carrera judicial, que condicionaba el avance de los juzgadores a estrictos exámenes periódicos y a concursos de oposición. Hoy, esto se tiró por la borda.
Una reforma del Poder Judicial verdadera debería incluir un mejor y expedito acceso ciudadano a la justicia; la modificación y limpieza de las policías, los ministerios públicos y sus capacidades de investigación, y la profesionalización de las fiscalías estatales y Federal. Casos de justicia cotidiana, como asaltos, homicidios, violencia familiar, divorcios, herencias, fraudes, conflictos vecinales o de abuso de confianza, que padecen las y los ciudadanos todos los días, deben ser investigados primero por las policías y fiscalías locales y resueltos los casos respectivos por los poderes judiciales estatales, no por el Poder Judicial Federal que tiene otras tareas y responsabilidades. La reforma en curso se centró, de manera abusiva, en el Poder Judicial Federal.
Impartir justicia requiere conocimiento, experiencia, capacidad, honestidad, independencia y apego a la ley, nada de lo cual se acredita bailando en redes sociales o recitando slogans de campaña. La elección de juzgadores por afinidades partidistas vulnerará el derecho ciudadano a tener juicios con apego a derecho. El resultado no podrá ser algo más que caos, improvisación, impunidad, arbitrariedad, corrupción e injusticia. Preocupa sobre manera la influencia del crimen organizado y la creciente huella de su impacto en la vida diaria de la ciudadanía en casi todo el país.
La elección de jueces no solo es aberrante, también demagógica. El pueblo no será el que decida, empezando porque los candidatos del Ejecutivo y Legislativo los determinaron comités partidistas. No bastó con cumplir los requisitos, pues establecieron además una ilegal criba ideológica para determinar quiénes entraban a la tómbola, mecanismo por completo ajeno a los méritos profesionales.
A pesar de lo anterior, es verdad que entre quienes hicieron uso del “pase automático” para competir por mantener el cargo hay perfiles probos, profesionales y honorables. Por desgracia, no existen las mínimas garantías democráticas para que compitan en condiciones de equidad, certeza, transparencia y respeto al voto. La reforma es un ejercicio que lamentablemente no se puede detener. La existencia de algunas personas rescatables no elimina los riesgos que hemos señalado sobre la toma hostil en curso del Poder Judicial por el oficialismo.
Las y los ciudadanos no conocen a los candidatos, ni estos pueden demostrarles que están preparados para juzgar. Los contendientes no tendrán representantes en los centros de votación. Las boletas son un laberinto difícil de entender, inclusive para los más enterados, con listas de nombres, claves de quienes los propusieron y números para consignar la preferencia. Las boletas sobrantes no serán canceladas y los votos no serán contados por los ciudadanos en las casillas el día de la elección. Habrá una sola urna para depositar todos los sufragios de los distintos cargos a elegir. Las urnas se llevarán al consejo distrital donde se hará el cómputo y diez días después se sabrán los resultados.
Las tres ministras oficialistas que pretenden repetir su cargo en la Corte llevan meses haciendo campaña anticipada. Una buena cantidad de candidatos expresa sin rubor posiciones ideológicas y políticas afines al régimen, esperando ganar así el apoyo de
clientelas ligadas al partido oficial. No falta quienes hacen eventos con sindicatos para hacerse del apoyo corporativo. Se prepara una movilización masiva de votantes acarreados con la lista en mano de los números correspondientes a los candidatos por los que habrán de votar. Quienes impusieron la votación no respetan ni las propias reglas que establecieron.
El Tribunal Electoral no defendió los derechos conculcados de los aspirantes, ha convalidado todas las irregularidades de un proceso improvisado y hecho sobre las rodillas, se ha adjudicado facultades que no tiene e inclusive se ha atrevido a legislar. Con esos antecedentes no es de esperar que actúe distinto respecto al día de la jornada electoral y los cómputos.
A pesar de todos los inconvenientes y abusos cometidos por el oficialismo, hacemos un firme llamado a la ciudadanía para que, ya sea registrándose ante el INE o de manera independiente, se convierta en observadora electoral durante la jornada para que, de manera activa, atestigüe y contribuya a documentar las irregularidades que se cometan: previsible acarreo de votantes; compra de voto; intervención ilegal de miembros y dirigentes de sindicatos y otras agrupaciones gremiales o de Morena a través de los Servidores de la Nación; la cantidad de boletas no utilizadas; el número real de personas que acudieron a cada urna y, en fin, todo lo que contribuya a contrastar los resultados que oficialmente proporcione la autoridad electoral muchos días después de celebrados estos comicios. Pondremos a disposición de la ciudadanía números telefónicos, página Web y redes sociales para denunciar todo tipo de irregularidad que se detecte.
Nuestro deber como agrupación que está en vías de convertirse en partido político es informar a la sociedad sobre las condiciones y consecuencias de la elección judicial para que los ciudadanos tomen su decisión de manera libre y con base en información confiable. En Somos México lo decimos con claridad: este es un proceso electoral viciado de origen cuyo propósito es trastocar desde sus raíces a un poder independiente de la república y, con ello, a la democracia toda. La realización de este proceso electoral, que no respeta a la ciudadanía, significará la demolición del Poder Judicial y nos condenará a la incertidumbre jurídica con consecuencias negativas incalculables para todos. Somos México se plantea construir ciudadanía para recuperar la democracia y hacerla más fuerte, funcional y plena.
