Por resolver casos de forma legal sin cumplir caprichos federales magistrados fueron perseguidos y amenazados

• “La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país”

La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir, destacó la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al rendir su informe anual de labores 2024 como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La ministra presidenta resaltó que este informe anual, es un ejercicio de rendición de cuentas que muestra el trabajo diario que se ha realizado desde la judicatura federal en favor de la impartición de justicia centrada en las personas, “a través de este ejercicio de transparencia, se da cuenta a la sociedad mexicana que el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones que, reconocidamente, tanto a nivel nacional como internacional, han protegido los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.

Destacó la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación derivada de la presentación de la Cuenta Pública 2023, en la cual esta autoridad no determinó alguna observación o recomendación para este alto tribunal.

Sobre el trabajo jurisdiccional en este 2024, el Pleno del CJF discutió y decidió sobre los asuntos de su competencia y atribuciones en 61 sesiones ordinarias, presenciales, celebradas semanalmente, en las que se determinaron y resolvieron 3,087 asuntos en materia de administración, adscripciones, carrera judicial, conflictos laborales, contraloría, creación de nuevos órganos, disciplina, vigilancia, entre otras.

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial.

Confió que la finalidad de la reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos “la reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país”.

Realizó un recuento de las sentencias de La Corte que provocaron una campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales, tales como el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023; al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios; al denominado “Plan B” el 22 de junio de 2023, entre otros.

“He reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil; el contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”.

La ministra Piña Hernández realizó un reconocimiento a sus colegas, a todo el personal jurisdiccional y el personal administrativo y operativo. “A todos los que somos trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial Federal; en particular a los estudiantes, que se han manifestado, que han marchado, que se han involucrado alzando su voz en un tema crucial para la preservación del Estado de derecho”

“El trabajo de cada uno es la mejor voz; y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia, es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.

Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó “traidores al pueblo”, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador— de un proyecto político dominante. ¿A qué casos me refiero?

En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023, que fue un punto de quiebre  importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En segundo lugar, me refiero al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios, tema discutido en mayo de 2023. Como consecuencia de esa declaratoria de seguridad nacional, se exentaron todas las autorizaciones y sistemas de protección en la legislación nacional, incluyendo mecanismos que tutelan derechos fundamentales como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales.

Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por la invalidez de este Decreto, apenas unas horas más tarde, se publicó otro acuerdo reiterando el “escudo de seguridad nacional”, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal.

En tercer lugar, me refiero al denominado “Plan B”. El 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, al resolver varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, legisladores del Congreso de la Unión y el INAI, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político-electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.

Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los Ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad.

En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica.

Posteriormente, se impulsó la reforma judicial de 2024. Y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución; desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También, se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos.

¿Por qué? ¿Qué conductas consideraron esos actores políticos que ameritaron la amenaza persecutoria y punitiva a los jueces federales de México? Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses; por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no en su otorgamiento, pero que están previstas en la Ley de Amparo; por atrevernos a admitir medios de defensa —a los que estamos obligados por ley— interpuestos por minorías políticas o por personas que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad; por ejercer nuestra función deliberativa como tribunal constitucional.

No soy solo yo, sino incluso también la academia y los organismos internacionales, quienes advierten que todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales, constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial, y consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática. Estas conductas son tan graves, que incluso se citaron expresamente por la Relatora de Independencia Judicial de la ONU, como ejemplo de los riesgos de gobiernos autocráticos contra la democracia.