Reforma Judicial afectará negativamente la inversión
La agencia de calificación crediticia Fitch emitió este miércoles un comunicado en el que expresó preocupación por el impacto «negativo» en el «apetito de inversión» en el país que pudiera tener la reforma judicial que impulsa el gobierno mexicano dirigido por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Según Fitch Ratings después de las elecciones del 2 de junio aumentaron la probabilidad de que en México se realicen una serie de modificaciones legislativas, lo que ya ha dado paso a episodios de volatilidad; sin embargo, la reforma judicial podría “afectar negativamente” el clima de inversión en el país, alarmó para luego matizar que, pese a una “mayor incertidumbre (…), es probable que las métricas crediticias (de las empresas) se mantengan dentro de las expectativas de calificación”.
La firma de riesgo consignó que, por lo pronto, luego del 2 de junio el peso mexicano se depreció hasta 10 por ciento frente al dólar, aunque esa variación ya se ha ido ajustando, “a medida que los participantes del mercado han atenuado las preocupaciones sobre los resultados electorales”. A la vez, el rendimiento del bono mexicano a 30 años aumentó de 9.82 por ciento el 31 de mayo, a 10.31 por ciento el 16 de julio, como resultado de las reservas por parte de inversionistas.
En un análisis, que en parte recuperó la argumentación con la que ratificó la calificación de la deuda mexicana en BBB-, con perspectiva estable, Fitch enfatizó que la reforma judicial, en los términos hasta ahora propuestos “podría afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno empresarial de las empresas no financieras si su implementación obstaculiza la autonomía y la calidad del sistema judicial”.
Destacó que con la afectación al clima de inversión también se ponen en vilo las oportunidades que pueda dejar la relocalización de cadenas de suministro, sobre todo en sectores vinculados con la manufactura, industrias orientadas a la exportación y bienes raíces industriales.
Fitch reconoció que el sector privado está preocupado por una eventual aprobación de la reforma al poder judicial, sobre todo en lo que toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dado que “podría favorecer a las empresas estatales sobre las entidades de propiedad privada”.
“Las decisiones de la SCJN han jugado un papel clave en la protección de las empresas frente a iniciativas estatales o de agencias fiscales, como fue el caso cuando la SCJN otorgó protección a las empresas contra las reformas constitucionales en el sector eléctrico o emitió un amparo para evitar el pago de impuestos exigidos por las autoridades mexicanas”, ejemplificó Fitch.
«Las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial», señala Fitch Ratings.
El comunicado reconoce que los resultados de las elecciones generales del pasado junio, en las que la oficialista Claudia Sheinbaum se impuso con aplastante mayoría, señalan una «amplia continuidad política y solidifican el amplio apoyo político del partido (oficialista) MORENA (…) que podría asegurar suficiente apoyo legislativo para aprobar enmiendas constitucionales».
Fitch señala que las empresas mexicanas podrían enfrentarse a un escenario de menor crecimiento económico si el «deterioro del marco judicial actual o el debilitamiento de los controles y equilibrios gubernamentales reducen la inversión nacional y extranjera».
«Prevemos que el sector privado estará más preocupado si se aprueba la reforma del poder judicial, ya que podría favorecer a las empresas estatales frente a las entidades de propiedad privada», dice el organismo, que reconoce el papel clave jugado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la protección de las empresas frente a iniciativas estatales.
La reforma, cuyo objetivo es la elección por voto popular al Poder Judicial que planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido defendida por Sheinbaum, quien asumirá el Gobierno el próximo 1 de octubre, al anunciado que continuará con el proyecto.
