México defiende lo indefendible y refuta a la ONU por desaparición forzada
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra Ibarra, dijo que la posición del Comité de la ONU está “descontextualizada” sobre la crisis de desapariciones que enfrenta México, aunque reconoció que la cifra de personas localizadas es de más de 120 mil, de esta forma la NCDH rechazó “que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado”.
“Consideramos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país”, indicó la CNDH en un comunicado.
Rosario Piedra apuntó que México enfrenta un reto significativo con más de 120 mil personas desaparecidas, pero, acotó que el registro data desde la década de 1950, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
En este contexto, el estado de Jalisco, con más de 15 mil casos reportados entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, es una de las entidades más afectadas.
En respuesta, la CNDH anunció la apertura de una Oficina Regional en Guadalajara, la capital de Jalisco, a partir del 15 de abril.
Esta decisión surge mientras diversas organizaciones y actores internacionales señalan la gravedad de la situación.
La desaparición forzada en México funge como una problemática en aumento de la violencia y los estragos de la ineficacia de las autoridades federales y estatales. Crédito: @AztecaNoticias
No obstante, la CNDH respondió cuestionando la postura del CED, indicando que está “totalmente descontextualizada”.
En un comunicado oficial, la institución rechazó que México enfrente “una crisis de desapariciones” atribuible a una política de Estado y añadió que “este tipo de señalamientos se apartan de lo que debiera ser un juicio serio sobre las condiciones actuales del país”.
Asimismo, señaló que experiencias previas con misiones extranjeras o medidas impuestas desde el exterior han demostrado “poca eficacia” y algunos casos incluso han “complicado lo que se pretende remediar”.
Ante esto, la CNDH defendió la decisión soberana de abrir nuevas oficinas en los estados más afectados.
El sábado, en un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazaron categóricamente las acusaciones sobre una supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado mexicano.
Las dependencias subrayaron que el Gobierno de México no consiente, permite ni ordena la desaparición de personas como parte de una política estatal. Asimismo, reiteraron el compromiso del país con el respeto irrestricto de los derechos humanos y la implementación de acciones contundentes para combatir este fenómeno.
El pronunciamiento se dio en el marco del 28° Periodo de Sesiones del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, donde se informó que el organismo enviará una solicitud al Estado Mexicano para conocer más detalles sobre la situación de desapariciones en el país, conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
El Gobierno de México reiteró que analizará dicha solicitud y proporcionará información sobre las estrategias y programas implementados para combatir este problema. Asimismo, reafirmó su disposición a mantener el intercambio de información con el CED, en línea con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el país desde 2014.
La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fue informada de estos procedimientos a través de una nota diplomática dirigida al Comité para la Desaparición Forzada de la ONU.
Y es que por primera vez en la gistoria, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó una decisión sin precedentes al activar el procedimiento estipulado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Según informó el presidente del Comité, Olivier de Frouville, esta medida responde a información fundamentada que indica que las desapariciones forzadas se llevan a cabo de manera generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México. Este anuncio se realizó al término del vigésimo octavo período de sesiones del Comité, lo que marcó un hito histórico en la lucha contra este delito.
De acuerdo con el procedimiento, el CED solicitará formalmente al Estado mexicano información pertinente sobre la situación en las próximas semanas. Este paso inicial busca establecer un diálogo constructivo con el gobierno mexicano para garantizar la aplicación integral de la Convención. Sin embargo, la gravedad del caso podría llevar al Comité a presentar la cuestión ante la Asamblea General de la ONU, a través del Secretario General, para su consideración urgente.
El artículo 34 de la Convención establece que, cuando el Comité recibe información con indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un país, puede activar este protocolo. Según explicó de Frouville, la información recibida por el CED cumple con estos criterios, lo que ha llevado a la activación del procedimiento. Este mecanismo, descrito como “el más extremo” del Comité, nunca antes había sido aplicado a un Estado parte.
