Jueza ordena a Sheinbaum eliminar publicación de la reforma judicial

La jueza federal Nancy Suárez emitió una orden dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al titular del Diario Oficial de la Federación (DOF) Alejandro López González, para eliminar la publicación de la Reforma Judicial, tras determinarse un incumplimiento en una suspensión judicial previa.

Juárez Salas, jueza décimo novena de Distrito en Veracruz, estableció que ambos funcionarios tienen un plazo máximo de 24 horas para acatar el mandato y en caso contrario, el Ministerio Público Federal será notificado por desacato, conforme a lo establecido en la Ley de Amparo.

Esta resolución surge después de que la jueza determinara que la Presidencia de la República no respetó la suspensión provisional emitida el 15 de septiembre, en la que se prohibía la publicación de las reformas judiciales en el DOF.

El expediente judicial 823/2024 revela que el 20 de septiembre se concedió una suspensión definitiva, que también fue ignorada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había promovido las reformas que alteraban varios artículos relacionados con el Poder Judicial de la Federación.

En caso de no cumplir con la resolución, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del Articulo 262 de la Ley de Amparo.

Dicho artículo establece una pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión.

En otro orden de ideas, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo anunció la transformación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, con el objetivo de cumplir con la elección del pueblo de México de continuar eliminando la corrupción.

“Pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que, si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción, porque nosotros tenemos un mandato popular que es erradicar la corrupción”, dijo durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro Sánchez, y próxima titular de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó la dependencia parte de los resultados del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como la separación entre el poder político y el poder económico; la entrega directa de Programas para el Bienestar; la eliminación de la condonación de impuestos y la aplicación de austeridad republicana, lo que llevó a que en el periodo 2019-2023 se redujeran 11.2 por ciento los actos de corrupción, y ocho puntos porcentuales la percepción de este indicador.

Detalló que es de vital importancia mantener los esfuerzos para combatir la corrupción, ya que los delitos de esta índole afectan el Estado de derecho, restan eficiencia y confianza en las instituciones; reducen los ingresos gubernamentales; inhiben las inversiones; generan desigualdades y limitan el acceso a los servicios públicos.

“La corrupción, no sólo por cuestiones éticas, sino también pragmáticas, tiene que ser erradicada por el bien de todos”.

Detalló que con la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno el enfoque pasa de ser correctivo a preventivo y con visión de alcance transversal, lo que significa que tendrá injerencia en todas las dependencias de gobierno, donde se implementarán acciones para combatir a la corrupción, como:

Dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad.

Acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar programas prioritarios desde el comienzo para inhibir la corrupción.

Modernizar la Administración Pública Federal (APF) con ayuda de la digitalización y sistematización que realizará la Agencia de Transformación Digital.

Consolidar compras públicas transparentes a precios justos.

Transparencia proactiva.

Sumar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción.

Enfocar a los Órganos Internos de Control (OIC) en áreas de mayor impacto y relevancia.

Fortalecer la cultura de la denuncia.

Realizar investigaciones que inhiban la corrupción.

Combatir la impunidad al hacer que violar la ley sea más caro que cumplirla.

Informó que con estos 10 pilares la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno busca cumplir en sus primeros 100 días una reestructura de la APF en coordinación con la Consejería Jurídica y con la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacerla una organización más eficiente; comenzar con el acompañamiento a proyectos como el Tren Maya, así como otros programas estratégicos en el sector Salud y de seguridad alimentaria.

Asimismo, se presentarán reformas en la Ley de Adquisiciones y Ley de Obras Públicas; se implementará la primera rueda de negocios entre compradores públicos, pequeñas y medianas empresas para eliminar el intermediarismo; y finalmente la recuperación de la información histórica contenida en el sistema Compranet para que la ciudadanía pueda consultarla.

Destacó que con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno llegará una nueva era de la transparencia en México, para lo cual se buscará reformar la Ley General de Transparencia, evitando que esta dependencia sea juez y parte mediante participación de tribunales administrativos.