Elección directa de ministros, jueces y magistrados abre la puerta al crimen organizado: PAN

• Siguen protestas contra la Reforma
• La reforma al Poder Judicial abre paso a la violación de los derechos humanos, no asigna recursos para un mejor acceso a la justicia y la elección por voto directo de ministros, jueces y magistrados sería manipulada por el gobierno y Morena

La reforma al Poder Judicial promovida por el Ejecutivo Federal no garantiza justicia; en cambio, abre paso a la violación de los derechos humanos, no asigna recursos para un mejor acceso a la justicia y la elección por voto directo de ministros, jueces y magistrados sería manipulada por el gobierno y Morena, aseveró la diputada Noemí Luna Ayala, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Tras presentar las conclusiones de un estudio realizado por su fracción parlamentaria, refirió que éste alerta que la construcción actual de la reforma judicial estaría abriendo la puerta a la injerencia del crimen organizado.

Agregó que el análisis de 39 puntos revisa las implicaciones formales, materiales, políticas y económicas del dictamen para reformar al Poder Judicial -avalado el miércoles por mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados- y precisa que dicha iniciativa hace que México pierda confianza jurídica y competitiva frente a otros actores mundiales que han señalado sus peligros.

Además, Luna Ayala informó que el estudio advierte que se generaría un estado de indefensión al personal de apoyo del Poder Judicial, como secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros, quienes serán evaluados no por sus conocimientos y resultados, sino conforme a su afinidad ideológica.

Esta “transformación”, añadió, no garantiza una mayor legitimidad ni calidad en las decisiones judiciales, porque serán personas juzgadoras “a modo”, bajo una ideología que derivará en defender los intereses del gobierno, en lugar de proteger los derechos y libertades de las personas. Así, quienes tengan más poder económico podrán pagar y los más vulnerables quedarán en total indefensión.

Indicó que también se expone en el documento que, además de implicar la violación al principio constitucional de división de poderes, el dictamen no considera ni asigna presupuesto a instituciones policiales, ministeriales y jurisdiccionales locales pese a que la base de los problemas de impartición de justicia tiene lugar en lo local, y esto se recrudece ante la incapacidad o complicidad de muchas autoridades.

“Se ha encontrado que en México faltan 61 juezas y jueces por cada 100 mil habitantes, ya que -de acuerdo con un estándar internacional establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- debe haber 65 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero tenemos sólo 4.4″, detalló.

Insistió en que habrá mayores violaciones a los derechos humanos, pues se presentarán casos de desigualdad y discriminación en la impartición de justicia al beneficiarse a personas cercanas al poder político o, incluso, de la delincuencia organizada.

«Será contundente la politización del acceso a la justicia, los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas; vigilancia, formación y control de juzgadores», aseveró.

Por ende, añadió, los principales afectados de la eliminación de los efectos generales de las sentencias serán las personas en situación vulnerable, recalcó Noemí Luna, también secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

En el aspecto económico, apuntó que el análisis señala que el Gobierno Federal destinaría más recursos al pago de la deuda externa (que se mide en dólares), lo que impactará sobre el gasto público que, al verse mermado, aumentará el desempleo y disminuirán los ingresos de las familias, sin dejar de lado que disminuirá la recaudación.

Otro factor fundamental de atender, indicó, será la revisión del T-MEC en el 2026, cuando podría desatar controversias por fallos contrarios al Estado de derecho e inclusive el gobierno de la próxima presidenta podría recibir solicitudes de panel y controversias antes de ese año.

“La aprobación de la reforma implicaría la violación por parte de México de lo que dispone el T-MEC, en materia de inversiones, pues no garantiza que el país cuente con un Poder Judicial imparcial, transparente y garante de los derechos de los inversionistas”, enfatizó.

Al romperse los equilibrios y contrapesos propios de la división de poderes será más fácil la injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial; además de que el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría propiciar un clima generalizado de impunidad; en tanto el gobierno y Morena podrían endurecer sus posiciones y no abrirse a los consensos republicanos que rigen en México, finalizó.

Mientras que las protestas en contra de estas reformas se mantienen en todo el país, y el presidente también mantiene su postura.

Durante la mañanera de ayer, Andrés López emitió su opinión respecto a las declaraciones de Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el ministro Jorge Pardo, en la marcha contra la reforma al Poder Judicial, al mencionar que la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba en todo su derecho de oponerse a la reforma estipulada por MORENA, sin embargo, evidenció que Norma Piña “impera la corrupción” involucrada en el Poder Judicial.

“Urge limpiarlo” afirmó el presidente, quien consideró que el país requiere de legalidad y estado de derecho en todos los rubros existentes, esto con el fin de proteger al pueblo en la justicia. “El Poder Judicial está podrido, se avanzó limpiando el Poder Ejecutivo, donde imperaba la corrupción”, mencionó.

De igual manera, declaró que con la “limpieza” a la reforma, se acabarán los negocios ilícitos realizados en el amparo de poder, donde se suelen involucrar empresarios, banqueros, extranjeros que tienen inversiones en México, inclusive a los medios de comunicación, esto “aunque no les guste a los adversarios”, añadió.

“No se va a destruir nada, al contrario” enfatizó el mandatario referente a la oposición de Norma Piña; como ejemplo de ello hizo mención del Poder Ejecutivo, el cual se “restauró” de campañas de calumnias y la condonación de impuestos, situación que no se había observado en gobiernos anteriores. Asimismo, López Obrador mencionó que mediante este Poder, se ha demostrado que este sistema funciona para abatir la corrupción en el país.

MANTIENE LA CORTE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

 Se informa que, en la sesión privada celebrada ayer, hoy, por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) determinó que continuará la suspensión de actividades en este Alto Tribunal, manteniendo las guardias necesarias, sin que corran plazos hasta el jueves 12 de septiembre del año en curso.

 Con los votos a favor de las ministras y de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Lucía Piña Hernández; y con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf y la abstención de la ministra Lenia Batres Guadarrama, se declaró que las Salas deberán acordar si celebran sesión a distancia. Asimismo, se dará tramitación de los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia.

El próximo 12 de septiembre, el Pleno de este Alto Tribunal valorará la situación que prevalece y adoptará las medidas conducentes.