Dan “luz verde” a minuta para Reforma del Poder Judicial en el CCDMX
Haciendo valer su carácter de integrante del Constituyente Permanente, el Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial, con 46 votos a favor y 20 en contra.
En el marco de la sesión del Congreso local en su carácter de Congreso Constituyente Permanente, la diputada Martha Ávila Ventura presidenta de la Mesa Directiva, mencionó que “se favorecerá el intercambio de las ideas, la absoluta libertad de expresión y la manifestación de las diferentes posiciones. Hacemos un llamado a las diversas fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo a mantener un debate de altura”.
El congresista local Ricardo Rubio Torres al posicionar su voto en contra advirtió que esta aprobación significa la eliminación de los cimientos del régimen democrático y no una democratización de la justicia, “ya que al empatar la elección del poder judicial con la estructura y candidaturas electorales, se corre el riesgo de que no se erradique la corrupción y el influyentismo, como ha ocurrido en otros países”.
El legislador Omar Alejandro García Loria (PRI) aseguró que las y los legisladores opositores a la reforma constitucional apoyarán siempre la transparencia, la justicia y los derechos ciudadanos que la modificación compromete, y rechazó las simulaciones políticas.
Mientras que la diputada Patricia Urriza Arellano consideró que con esta reforma la juventud verá truncados sus sueños de verse como jueces y magistrados, además dijo que no se escucharon las voces de quienes están en contra en todo el país, “el problema no es la elección popular, el problema es la preselección que se realizará”.
La diputada Lizzette Salgado Viramontes indicó que su voto sería en contra por ser ésta una reforma que no ha sido revisada, analizada y discutida con seriedad; “me opongo porque el procedimiento ha estado plagado de irregularidades”.
El congresista Royfid Torres González afirmó que esta reforma permitirá que jueces y magistrados estén consignados a la voluntad del Poder Ejecutivo, por lo que ataca directamente al régimen democrático del país. Por ello su voto sería en contra y se sumará a la lucha de las personas jóvenes que buscan combatir la concentración del poder.
La congresista Tania Nanette Larios Pérez (PRI) recordó que desde 1994 se asignaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades para ser guardián del modelo democrático, y “esta reforma no termina con la injusticia, pues para abatir la impunidad y corrupción se requiere apego a la ley y trabajo conjunto de poderes”.
La legisladora Claudia Montes de Oca del Olmo reclamó que no se escuchara a las y los trabajadores, que se simularan foros abiertos y finalmente no se tomaran en cuenta las propuestas, y más allá de eso, se reprimieran las protestas y se compraran voluntades.
La legisladora Laura Alejandra Álvarez Soto apuntó “la aprobación de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados y Senadores fue la degradación de la democracia y un despliegue de fuerza innecesario y peligroso”.
El diputado Andrés Sánchez Miranda (PAN) expresó que la reforma judicial representa “acercarnos un paso más hacia el totalitarismo” como en Nicaragua, Cuba y Venezuela, que no han tenido finales felices, y que cuando la ciudadanía despierte y derrote al régimen naciente, ya no serán recordados como los reformadores y transformadores sino como los destructores de instituciones.
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho dijo estar en contra de esta reforma, ya que ésta afectará a las y los trabajadores del Poder Judicial, quienes dedican su vida a buscar el acceso a la justicia para la ciudadanía.
