Preservemos la independencia judicial, es nuestro patrimonio: Norma Lucía Piña Hernández

La Ministra Presidenta inauguró un espacio de diálogo para visibilizar la relevancia global de preservar la independencia judicial, como piedra angular de los Estados democráticos de derecho

Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que es necesario un Poder Judicial independiente, capaz de interpretar las normas con perspectiva de derechos.

En tanto, Jesús Peña Palacios, representante en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), manifestó que, sin independencia judicial, el derecho se distorsiona y se desfigura

 La independencia y la responsabilidad son elementos reconocidos como fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en sus juezas y en sus jueces, afirmó la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

 Al inaugurar el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial. Reflexiones desde la Judicatura, la ministra Piña Hernández aseguró que en una democracia se busca el constante mejoramiento económico, social y cultural de un país, en el que la independencia es de la mayor relevancia “preservemos la independencia judicial, es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas, es un derecho del pueblo”.

 Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que es necesario un Poder Judicial independiente, de personas juzgadoras con una sólida preparación, en constante formación, que sea capaz de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tenga la garantía de que proteger derechos no le costará su carrera, su libertad, e incluso su propia vida, como ocurre, desafortunadamente, en nuestro país el día de hoy.

 Jesús Peña Palacios, representante en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó que, sin independencia judicial, el derecho se distorsiona y se desfigura. Una decisión -para ser justa- debe basarse en los hechos y ser consonante con el derecho; estar exenta de cualquier influencia, presión, amenaza o intromisión indebida (de cualquier actor o por cualquier motivo); brindar soluciones que respondan a las necesidades de las personas; y ser receptiva, responsable, transparente y verificable.

 “Invito a que el Encuentro se interprete como una acción genuina que aspira a generar una reflexión amplia y especializada que permita hacer frente a los obstáculos sistémicos y persistentes desde un enfoque de derechos humanos y coloque a las instituciones al servicio de las personas, especialmente de aquellas que enfrentan circunstancias de mayor desventaja, como las mujeres, las personas en movilidad, pueblos indígenas, las víctimas de violaciones a los derechos humanos y demás personas con necesidades”, dijo Peña Palacios.

 Este Encuentro fue convocado por La Corte y el CJF, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 Se trata de un espacio de diálogo de tres días que tiene el propósito de visibilizar la relevancia global de preservar la independencia judicial, como piedra angular de los Estados democráticos de derecho. Se contó con la presencia de representantes de organizaciones civiles e internacionales, así como del Poder Legislativo, y algunos participarán en las mesas del Encuentro.

 Acompañaron en el presídium los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo; así como los consejeros de la Judicatura, Lilia Mónica López Benítez y Alfonso Montalvo Martínez.

Por su parte, Jesús Peña representante de la ONU señaló: Para la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es un honor darles la bienvenida al Encuentro Internacional sobre  Independencia Judicial, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y nuestra oficina, sean todos, todas, todes, bienvenides.

Desde la adopción de la carta de las Naciones Unidas, los Estados se comprometieron a crear condiciones bajo  las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional.

Hace poco más de 75 años la Declaración Universal de los Hechos Humanos inauguró una nueva época, en ella se reconoció el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, desde entonces este objetivo básico se ha desarrollado a través de una serie de obligaciones y estándares que es preciso promover, respetar, honrar y hacer valer hoy más que nunca.

En efecto, en la nueva visión del secretario general de las Naciones Unidas sobre el Estado de derecho Antonio Gutiérrez afirma: “estamos experimentando un declive mundial del respeto por el Estado de derecho exacerbado por la escalada de los conflictos y el debilitamiento de las instituciones nacionales. Esto se manifiesta en el aumento de la represión, la polarización política, la corrupción, el desprecio por el derecho internacional, la creciente desigualdad, la instrumentalización de las instituciones de justicia, el incremento de la delincuencia, el terrorismo, los ataques a los derechos humanos y la reducción del espacio cívico”.

Para el secretario general de las Naciones Unidas resulta imperioso afrontar estos retos y no tengo duda que la independencia judicial contribuye a hacerlo pues se trata de una condición mínima y necesaria en todo Estado de derecho, sin ella se carece de un dispositivo indispensable para asegurar que todas las personas, con independencia de su condición e instituciones públicas y privadas, estén sometidos a las leyes que las mismas se hagan cumplir por igual y que se apliquen con imparcialidad.

La independencia judicial persigue como uno de sus objetivos centrales la protección de los derechos humanos, no se trata, por tanto, de un privilegio de quienes ejercen la función judicial sino de una prerrogativa en favor de las personas que interactúan con una instancia judicial. Bien entendida, el objetivo primario de la independencia judicial es proteger y servir a las personas, a las personas usuarias del sistema de Justicia, a las  personas justiciables, a quienes tocan las puertas o son llevadas ante una instancia judicial con el objetivo de que se terminen, hagan valer o respeten sus derechos; es un derecho al servicio de las personas, de todas las personas, no una franquicia o una patente al servicio de quienes desempeñan la función judicial.

Doctora Mónica González Contró, directora del IIJ-UNAM, Nos encontramos hoy en un importante momento histórico, en el cual tenemos la gran oportunidad de reflexionar y proponer sobre el modelo de Estado que  requiere la adecuada garantía de los derechos humanos.

El artículo 40 de la Constitución Federal establece que, y cito, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y prohíbe la concentración del poder en una sola persona o corporación.

Esta disposición constitucional tiene, como clara intención, el establecer un sistema de pesos y contrapesos en el que las decisiones puedan ser revisadas y, en su caso, corregidas.

Son muchas las razones que hacen de la independencia judicial, un elemento indispensable del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Este tipo de organización política se caracteriza, además de la división de poderes, por la supremacía constitucional, el reconocimiento de los derechos humanos y la  existencia de mecanismos para el control de constitucionalidad. En lo que respecta a la democracia, debe considerarse más allá del derecho al sufragio periódico, aunque éste constituye, desde luego, un factor  esencial.

La Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en 2001, reconoce el derecho a la democracia de los pueblos de las Américas, así como la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla por ser indispensable para el desarrollo. La separación e independencia de los Poderes constituye, según el Artículo Cuarto, un elemento esencial de la democracia representativa.

Por su parte, el artículo 26 considera que, cito, la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La misma fórmula está contenida en nuestra Carta Magna, pues el emblemático Artículo Tercero considera a la democracia, como todas y todos sabemos, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.