Corrupción en el IMSS, mal eterno

Aunque el discurso oficial es que en México ya no existe la corrupción, Mexicanos Contra la Corrupción ha señalado que el sistema de salud en México no sólo ha sido ineficaz para atender a la población, sino también hay evidencias de la corrupción por parte de los funcionarios en el IMSS-Bienestar.

El organismo comentó que existen nuevos audios en los que Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán, revela que funcionarios de la Institución están siendo investigados por pedir dinero.

El 6 de diciembre de 2023, MCCI reveló que entre 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto INSABI terminaron en las cuentas de Romedic SA de CV, una empresa de reciente creación que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria y que es propiedad de Amílcar Olán. Los detalles están en nuestra sección Arenas Movedizas.

En una nueva grabación a la que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Amílcar asegura que un funcionario de nombre Candelario, que trabajaba en el INSABI y que luego pasó al IMSS-Bienestar, es investigado porque “anda pidiendo dinero”.

La grabación en la que se escucha a Amílcar hablando con un supuesto contratista no identificado, fue realizada en julio de 2023, cuando Zoé Robledo, director general del IMSS, realizó una visita de trabajo a Oaxaca.

En un comunicado de esa visita, el IMSS reportó que Zoé se reunió en el Palacio de Gobierno de Oaxaca con el gobernador de ese estado, Salomón Jara, para revisar “temas de abasto e infraestructura”; al encuentro acudieron además Juan Antonio Ferrer Aguilar, ex director del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y actual subsecretario de Salud; Candelario Pérez Alvarado, director de administración del IMSS, y Alejandro Calderón Alipi, quien en ese momento se desempeñaba como coordinador nacional de abasto de medicamentos y equipamiento médico, y hoy es el director del IMSS-Bienestar.

En la grabación obtenida por MCCI, Amílcar Olán y su interlocutor hacen referencia a la mencionada reunión en Oaxaca.

En una segunda grabación, las mismas personas vuelven a hablar de la reunión en Oaxaca y hacen referencia a otra funcionaria, de nombre Martha, que salió del IMSS-Bienestar.

Para nadie es desconocido que durante mucho tiempo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha otorgado contratos multi millonarios, sin licitaciones, a diversas empresas que están en manos de unos cuantos empresarios, a cambio de fuertes sumas de dinero, en  facturas “infladas”, o regalos de lujo para quienes dan el visto bueno a estas fraudulentas negociaciones que finalmente afectan a los pacientes y a los familiares de los derecho habientes y obviamente al presupuesto federal destinado al sector salud.

Pese a las buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar a 15 estados al programa IMSS-Bienestar y dar seguridad a la población no asegurada antes del primer trimestre de 2023, donde una gran parte del equipo médico, legal y administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social dedica el 100 por ciento de su labor a cumplir las instrucciones presidenciales, nuevamente un grupo de empresarios apoyados por funcionario corruptos ya se preparan para generar grandes negocios ilicitos, ya que aseguran tener el control de las próximas licitaciones de equipo médico, imágenología, medicamentos y servicios médicos integrales ligados a la atención del paciente.

Debido a las más recientes convocatorias del Instituto Mexicano del Seguro Social varias empresas han levantado la mano para convertirse en proveedores del instituto, el problema se encuentra en que sus propietarios o representantes legales presumen las “buenas relaciones” que tienen con algunos funcionarios, por lo que se da a entender que estas licitaciones están amañandas, ya otorgadas, aún antes de se publiquen.

Como ejemplo, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por 626 millones 457 mil pesos a Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Promotora Internacional (Centrum), Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón), Dicipa, Grupo Vitalmex (Vitalmex), Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico, por intercambiar información para coordinar la presentación o abstención de posturas en licitaciones convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para contratar servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre, siendo esta una práctica monopólica absoluta, sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica, al ser arreglos e intercambios de información entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto y/o efecto de coordinar posturas en licitaciones públicas.

De igual forma, la convocatoria para la «Adquisición de Equipo Médico correspondiente al Programa Nacional de Adquisición de Equipos de Estomatología en Unidades Médicas de Atención a la Salud del IMSS, 2022»  que tuvo su junta de aclaraciones este viernes 1 de julio, comenzó con el pie izquierdo, toda vez que las empresas de Francisco Pallach, dueño de la empresa Dicipa; Sebastián Latapí Clausell, de la empresa Comerlat y Rodrigo Contreras Aguilar, de las empresas Innovaciones Hospitalarias de México y de Ingenieria para el cuidado de la salud, están más que puestas para hacerse acreedores a los  millonarios contratos de la institución médica, siendo que estas firmas ya han sido investigadas y sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), como es el caso de Innovaciones Hospitalarias de México, sobre la cual pesa una inhabilitación de dos años (Hasta 2023) además de una multa por $ 936,076.00 por haber proporcionado información falsa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del SAT y la declaración contractual.

No obstante, con todo y multas e inhabilitaciones, varias son las empresas que proceden de esta forma, coludidas con los malos funcionarios a quienes lo que menos importar es la salud de los pacientes y el daño provocado a las arcas federales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública, suman 1,609 las empresas que por una u otra razón han sido sancionadas e inhabilitadas en la proveeduría al IMSS, no obstante, esto no impide que cambien de razón social y vuelvan a competir, siempre amparados por los malos manejos.

De hecho, en marzo del 2020, el Jefe del Ejecutivo dio a conocer que se canceló el programa de medicina hiperbárica, implementado en el Centro Médico Nacional  Siglo XXI, pues dicho  programa únicamente benefició a Comerlat y al funcionario.

Así como ellos, existe una larga lista de empresarios quienes presumen sus buenas “relaciones” con altos funcionarios y hasta secretarios, de manera que varias de las empresas afectadas, piden a Zoé Robledo, director del IMSS, tomar cartas en el asunto y dejar en claro que no se pueden manejar en la total impunidad, mucho menos aquellos que utilizan su nombre, presumiendo ser sus amigos para obtener beneficios que a fin de cuentas, afectan a la nación y a los usuarios de dicho instituto de salud.