Militarización del país, fracaso absoluto

Ayer se presentó el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, cuyo trabajo cuestiona las tareas de seguridad en las que han participado estas fuerzas durante el actual sexenio, ya que el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza es una de las principales preocupaciones de que militares ejerzan funciones en materia de seguridad pública.

De enero de 2019 a mayo de 2024, la SEDENA, la SEMAR y la GN acumularon 4,800 quejas por presuntas  violaciones a los derechos humanos¹¹⁰. Estas quejas están mayormente relacionadas con casos de supuestas  torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias. Amnistía Internacional señala que ”las Fuerzas Armadas tienen más probabilidad de abusar de los detenidos que la  policía federal, estatal o municipal”, pues cerca del 88% de las personas detenidas por la Armada, y el 86% de  las detenidas por el Ejército se han quejado de tortura y otros abusos.

Entre otros aspectos, el informe concluye que la creación de la Guardia Nacional no ha dado resultados  relevantes en términos de seguridad pública, además de que el fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas ha provocado estancamientos o mermas de recursos a las policías locales.

Ese mismo incremento presupuestal, en combinación con la “tradicional opacidad” de las Fuerzas Armadas, añade el documento, aumentan el riesgo de corrupción, además de que también se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos al poner a estas instituciones en tareas de seguridad que no les corresponden.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, organizador del evento, enfatizó que la seguridad nacional supone políticas de Estado cuyo principio es dialogar y escuchar a los diversos actores de la sociedad; no obstante, lamentó que en este sexenio ha habido una gran dificultad para hablar sobre este tema, particularmente con las organizaciones civiles.

“Me parece que es una primera debilidad, como país, que no estemos encontrando las formas para dialogar, eventualmente, para uno de los temas que más nos duele como sociedad; es uno de los temas que más nos preocupa, y eso apunta a un desafío para la próxima administración”, añadió el legislador del PRD.

Advirtió, en ese sentido, que debe ponerse la posibilidad de la “militarización de la República” en el centro del debate, pues las propuestas de reforma remitidas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión buscan “abrirle las puertas” a las Fuerzas Armadas la posibilidad de que se “metan en todo”, como ya se ha observado al cederles, por ejemplo, el control de las aduanas o aeropuertos.

En su intervención, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, expuso que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha recibido sólo 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

No obstante, de enero de ese año a mayo de 2024, tanto esa institución como las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, acumularon cuatro mil 800 quejas, por violaciones a los derechos humanos.

Los mismos informes de la Guardia Nacional, añadió, detallan entre 2020 y 2023 no ha habido elementos sancionados penalmente por faltas, además de que, a pesar de que ha habido denuncias de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, la CNDH niega que esto exista.

En cuanto a eficacia, llama la atención, por ejemplo, que en 2022 la GN reportó haber liberado a tan solo 29 víctimas de secuestro, cuando el número anual de víctimas de secuestro fue de 724 y 29,842 víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad⁷⁴. Reportó también 796 búsquedas especializadas de localización e identificación de personas, mientras que en ese mismo año se reportaron 9,151 personas desaparecidas y no  localizadas⁷⁵. En el último Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del INEGI, se reportó que, durante el  022, la GN realizó 90,332 puestas a disposición de objetos y únicamente 2,814 puestas a disposición de  personas.

En términos prácticos, esto quiere decir que se requiere de 45 elementos de la GN para realizar la detención y puesta a disposición de una persona ante el ministerio público.

Del total de personas puestas a disposición durante 2022, la GN registró 5,376 presuntos delitos; esto representa un decremento del 89% en comparación con 2019, cuando la cifra fue de 51,666. Cabe señalar que,  de las 2,814 puestas a disposición, 1,411 fueron por la comisión de un robo y únicamente 38 fueron por delitos asociados a la delincuencia organizada.

Una investigación de la organización México Unido Contra la Delincuencia revela como, entre 2007 y 2022, se  han realizado, por lo menos, 267 transferencias de funciones y presupuestos de origen civil a las FFAA, equivalentes a 81,000 millones de pesos. De todas éstas, 103 funciones —el 38%— fueron transferidas en el  sexenio de Andrés Manuel López Obrador y equivalen al 85% del presupuesto total transferido.

Además, dentro de los presupuestos asignados, destacan importantes sobreejercicios y desviaciones de las partidas aprobadas. Entre 2019 y 2023 la SEDENA y SEMAR suman más de 153,000 millones de pesos en sobre-ejercicio, mientras que en el mismo periodo ambas instituciones destinaron recursos –el 40% y 30%, respectivamente–, a destinos distintos a los aprobados en los PEF.

El senador Álvarez Icaza, criticó el poco control ciudadano y judicial que existe sobre la Guardia Nacional, algo que, en su opinión, puede provocar «opacidad y corrupción».

«Tenemos 5 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional», aseveró el político quién aclaró que dichas denuncias provenían de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que consideró poco independiente del Gobierno.

Álvarez citó, asimismo, un informe de Amnistía Internacional, según el cual el 88% de las personas detenidas por la Secretaría de Marina (Semar) reportan abusos, número similar al que se denuncia sobre el ejército.

«Este Gobierno va a pasar a la historia como el gobierno con más homicidios violentos en la historia, más personas desaparecidas, más feminicidios y mayor número de periodistas y defensores asesinados», sentenció.

Entre las propuestas para revertir la situación, destacan la construcción de una corporación policial federal plenamente civil, fomentar el aumento de presupuestos policiales o diseñar un «plan de repliegue a las funciones propias de una fuerza armada».

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien tendrá una mayoría suficiente para reformas constitucionales, ya ha anunciado que fortalecerá la Guardia Nacional y que promoverá su consolidación como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).