Coparmex busca evitar fuga de inversiones
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alista una propuesta que evite riesgos a la llegada al país de nuevas inversiones privadas, por la reforma judicial que impulsa el oficialismo en el Congreso para elegir a jueces y ministros por el voto popular y que propicia incertidumbre jurídica y de Estado de derecho.
Por lo anterior, el organismo comenzó ayer una serie de foros en todo el país, donde expertos y abogados reconocidos manifestarán su opinión respecto de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, parte de su último paquete de cambios legales a la Constitución, previo a la llegada de la nueva administración el próximo 1 de octubre.
“Hay un gran potencial de inversión fresca y tenemos que darle certidumbre jurídica a la inversión, y por eso el objetivo es encontrar cómo mejoramos el Poder Judicial para que haya una mayor certidumbre jurídica y con esto podamos tener un mejor desarrollo”, expresó este lunes en el primer foro José Medina Mora, presidente de la Coparmex.
El empresario, líder de la entidad que agrupa a más de 36.000 empresarios mexicanos responsables del 30 % del producto interno bruto (PIB), advirtió que dicha reforma preocupa a los empresarios “desde el punto de vista económico del país”.
Reveló que proyectos de inversión en México que están autorizados y cuentan con financiamiento, se hallan detenidos por la incertidumbre jurídica que propició la reforma al PJF.
“Lo que nos han dicho (las empresas interesadas en México para invertir), es que si México entra en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular detendrán esas inversiones y eso es lo que nos preocupa”, señaló.
Incluso criticó que la mayor parte de la inversión extranjera directa es en su mayoría reinversión de utilidades y es muy poca la inversión «nueva y fresca”.
Consideró que la afectación podría ser muy grande debido al “gran potencial de inversión” que observo derivado del fenómeno de la relocalización de las empresas o ‘nearshoring’.
Además, Medina Mora destacó que los cargos de jueces, magistrados y ministros no responden a un carácter de elección por voto popular, pues no defienden alguna demarcación territorial, sino lo que vigilan es que se aplique la ley.
Además, lamentó que se busque eliminar la carrera judicial en el PJF, que obligaba a los abogados a presentar concursos de conocimientos y experiencia para poder escalar a juez, magistrado o incluso a ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación.
Consideró que este sistema debería de ampliarse a los estados y localidades del territorio mexicano en lugar de desaparecerlo por elecciones.
En tanto, el abogado y exsubprocurador General de la República, Javier Coello, enfatizó que la intención detrás de la reforma judicial de López Obrador y que pretende aprobar con su amplia mayoría obtenida en las históricas elecciones de 2 de junio, es que el oficialismo obtenga el poder absoluto.
“Quieren tener los tres poderes; en conclusión, un poder de Estado absoluto. Tienen al (Poder) Ejecutivo, tienen el Legislativo y ahora quieren el Judicial”, sentenció.
Además, consideró que esta reforma es el resultado de “una auténtica venganza del Ejecutivo en contra del Poder Judicial”.
