Deben asumir responsabilidades dueño del restaurante-bar “La Polar”
El diputado local Gonzalo Espina Miranda condenó los hechos de violencia y asesinato de Antonio Moya Jiménez de 59 años de edad, registrados al interior del establecimiento mercantil denominado “La Polar” ubicada en la calle de Guillermo Prieto 129 colonia San Rafael hace unos días, al tiempo de exigir justicia para el comensal y castigo para la empresa junto con los dueños.
El también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso capitalino, recalcó “es una clara muestra del nivel de violencia social que se vive en la Ciudad actualmente, es difícil pensar que una familia sale a comer y llegaría incompleta a su casa. El GPPAN solicita a la fiscal Ernestina Godoy, investigar los hechos de manera puntual”.
Mencionó, “la responsabilidad no solamente es del gerente de la cantina por lo sucedido, sino que hay una responsabilidad penal de la empresa como tal, la responsabilidad penal que pueda tener este lugar. El código penal de procedimientos penales permite vincular a una empresa por la falta de un manual de cumplimiento corporativo, el cual debe contar con lineamientos específicos en los cuales, las personas que ahí laboran puedan actuar en determinada circunstancia para evitar llegar a la violencia”.
Señaló, “el gobierno capitalino o las alcaldías no pueden estar atendiendo la vida interna de las empresas, jamás ha sido la postura invadir las competencias de las empresas, por ello solicita a la fiscal Godoy Ramos, que toda vez que está previsto en ley, actúe en contra de la empresa como tal, lo haga así y logre vincular a proceso a la empresa, no solo a un gerente, no solamente a un mesero, que la empresa como tal responda por estos hechos”.
Reiteró, “la empresa debe responder en lo económico, la indemnización a la familia. Pero quienes mataron a esta persona deben estar tras las rejas y necesitamos conocer quiénes son los culpables”.
Mientras el legislador local Federico Döring Casar, recordó que las empresas tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus comensales, así se estable en preceptos internacionales en materia de empleo, de salud y de fomento económico, “exigimos a la Fiscalía que aplique el criterio antes mencionado para que exista un precedente que garantice que todas las familias en la Ciudad van a poder ir a comer tranquilas a los restaurantes, sin que las empresas no adquieran un compromiso de supervisión de sus elementos y garantizar la seguridad de sus comensales”.
Respaldó la decisión de la alcaldesa Sandra Cuevas Nieves de no permitir que ese lugar vuelva a abrir, al tiempo en que ofreció a la familia de la víctima todo el respaldo y apoyo jurídico para castigar a los dueños de la cantina, sobre todo al o los agresores del comensal.
