Plantean Comisión Legislativa para centros penitenciarios de la Ciudad de México

Leonardo Juárez R.

A fin de evitar privilegios entre los criminales, maltrato hacia algunos internos, vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y opinar sobre mejores protocolos de seguridad, el diputado local Gonzalo Espina Miranda propuso crear una Comisión Legislativa para Centros Penitenciarios CDMX.

Espina indicó “debemos de distinguir a dos grupos de personas privadas de su libertad: las que están en proceso y las que están sentenciadas. Las primeras, están dentro de un esquema al menos inconvencional, cuentan con una pena anticipada, como lo es la prisión preventiva oficiosa, lo cual se traduce en una vulneración al derecho a la presunción de inocencia”.

Señaló, las segundas es decir el caso de los sentenciados, de igual forma, podemos ver injusticias por malas defensas, penas mal calculadas o abusos, lo cual difícilmente da cumplimiento al artículo 18 constitucional que habla sobre la reinserción social”.

Apuntó, de ahí la necesidad de poder integrar una Comisión Ordinaria dentro del marco jurídico, “obedece a que México ha suscrito tratados internacionales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Nelson Mandela), las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), en las cuales se imponen obligaciones a las autoridades penitenciarias para cuidar la integridad de las personas privadas de su libertad, e inclusive buscar mecanismos de reinserción a través de medidas no privativas tales como la colocación de brazaletes”.

Mencionó, “durante la pandemia la crisis penitenciaria se agravó ya que muchos derechos no pudieron ejercerse con eficacia, por ello ante la urgencia en países como México, la Organización de Estados Americanos emitió la resolución1/2020 ´tratamiento y derechos humanos durante el Covid-19´ en donde se hacen una serie de recomendaciones”.

Apuntó, “si bien la pandemia Covid-19 se ha logrado sortear, lo cierto es que nos deja malas experiencias, de las cuales se presentaron experiencias positivas como la implementación de tecnologías de la información como mecanismo para garantizar derechos humanos de todas las personas”.

Refirió, “una Comisión Ordinaria del Sistema Penitenciario permite que se revisen entre otras cosas, temas tan importantes como la vida de niñas y niños que viven con sus madres al interior de centros penitenciarios, la implementación de una mesa permanente para escuchar a personas sentenciadas que se dicen inocentes, atender a familias de personas privadas de su libertad, y mantener una estrecha relación con el Poder Judicial, Fiscalía General de Justicia, y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de evitar abusos y corrupción”.

Recordó, en México el artículo 22 de la Constitución Política Prohíbe la Pena de Muerte, y el artículo 18 Constitucional es un principio que se enfoca a la Reinserción Social. Las penas largas significan penas de muerte, y más para aquellas personas que están de manera injusta recluidas.

Agregó, el Congreso del Estado de México y su Poder Judicial han avanzado para generar una Unidad de Medidas Cautelares, en donde el uso de monitoreo electrónico es una realidad, incluso en delitos con penas de 15 años, de igual forma han generado novedosas reformas a su código penal en materia de Amnistía y Reconocimiento de Inocencia, “nosotros no podemos quedarnos atrás”.