Rosario Robles queda libres, tras tres años de prisión
La exfuncionaria Rosario Robles Berlanga salió la noche del viernes, minutos antes de las 23:00 horas, del penal de Santa Martha Acatitla para llevar su proceso fuera y aseguró que era inocente.
“Estoy absolutamente dispuesta a comparecer con las autoridades competentes”, declaró ante los medios que se encontraban fuera del recinto esperando a la salida de la exfuncionaria.
Al salir abrazó a su hija quien, mantuvo una ardua lucha para asegurar que su madre pudiera salir del penal.
“Han sido 3 años de mucho aprendizaje en los que he conocido a muchas mujeres, incitado a seguir luchando, y solo tengo un enorme agradecimiento a quienes aquí me cobijaron y al ministro (Arturo) Zaldívar porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas mujeres”
También dijo que era un regalo para su hija “jamás me ha abandonado, aquí están mis hermanos, todo el tiempo estuvieron al pie del cañón”. Y agradeció a su abogado Epigmenio Mendieta por la labor titánica que representó su proceso.
Igualmente dijo que no todo estaba mal en el sistema judicial y que después de ella, seguían otras mujeres que estaban presas de forma injusta. Por lo que aseguró que seguiría con su causa y la de las mujeres presas.
Respecto a si buscaría acercarse al presidente para tener algún diálogo, respondió que el acercamiento sería con su familia “porque pues tres años no he estado más que viéndolos… a mi hija”. Y en cuanto a si presentaría una contrademanda solo dijo que disfrutaría la vida.
Fue este mismo viernes que su abogado informó que la ex funcionaria sería liberada, luego de una audiencia de modificación de medida cautelar celebrada en el Reclusorio Sur, fuentes consultadas por Infobae México confirmaron la realización de la misma.
El juez determinó esto debido a que sus condiciones de salud no le permiten seguir el proceso privada de su libertad, por lo que ahora tendrá que presentarse quincenalmente a la Fiscalía para así, cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el pasado 17 de agosto, la ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) presentó una solicitud para efectuar este cambio.
Después de haber valorado el estado de salud de Rosario Robles, el Juez de Control determinó sustituirle la prisión preventiva e imponerle las medidas cautelares para evitar que salga de México sin autorización, por lo que ahora la FGR tiene su pasaporte, esto con el objetivo de que continúe su proceso legal.
La ex titular de la SEDATU ingresó al centro femenil en 2019 por el ejercicio indebido del servicio público debido a que que omitió informar al entonces presidente Enrique Peña Nieto, sobre el desvío de más de 5 millones de pesos cuando estaba al frente de la SEDATU.
Aunque el delito de omisión generalmente no requiere prisión preventiva, en el caso de la ex funcionaria se le dictó la medida cautelar ante el riesgo de fuga y no contar con arraigo en la Ciudad de México. Además, en su momento se encontró una licencia de conducir falsificada con su fotografía. Pero su defensa mencionó que no había posibilidad de fuga.
Esta fue una investigación periodística realizada en septiembre de 2017 por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se dieron a conocer las estrategias y el modus operandi de actos de corrupción durante la administración del expresidente Peña Nieto.
A través de 11 dependencias, el gobierno federal recurrió a un mecanismo en el que se desviaron miles de millones de pesos. El trabajo periodístico surgió a raíz de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) referente al gasto del gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2014, en el que se detectaron contratos ilegales por más de 7 mil millones de pesos, de los cuales no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.
Esa cantidad le fue entregada a 186 empresas, algunas de las cuales no contaban con la infraestructura para dar los servicios por los que fueron contratadas o simplemente no “existían”.
Para ello, el gobierno no entregaba de manera directa los contratos, sino que primero se los daba a ocho universidades públicas, mismas que posteriormente se los daban a las empresas. Por esta triangulación de recursos, las instituciones educativas cobraban millones de pesos por “comisión”.