Avalan diputados reformas en la Ley Federal del Derecho de Autor

Con 18 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas reglas de responsabilidad para los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) por infracciones cometidas por sus usuarios.

Lo anterior significa que, los proveedores de servicios podrían ser sancionados cuando difundan sin autorización contenidos que utilicen obras, imágenes, voces de personas, videogramas o fonogramas protegidos por derechos de autor o generados por inteligencia artificial.

De esta forma, los distribuidores deberán solicitar a los usuarios retirar contenidos de internet que infrinjan lo mencionado como son los memes, u otros contenidos.

Debido a estas reformas, ahora habrá sanciones económicas, las cuales contempla multas de 586,550 pesos hasta 4 millones 692, 400 pesos en determinados supuestos; y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial será la autoridad encargada de sancionar las conductas previstas en la reforma.

Como se recordará, esta propuesta fue presentada por la presidente Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Entre las nuevas disposiciones se establece que los proveedores de internet deberán contar con una política para la terminación del servicio a usuarios considerados infractores reincidentes.

Dicha política deberá ser pública, mantenerse de manera permanente en el sitio de internet del proveedor e incorporarse a los términos y condiciones del servicio.

Los diputados panistas, María Angélica Granados y Marcelo Torres Cofiño presentaron reservas para modificar las disposiciones relacionadas con la terminación del servicio a infractores reincidentes. Una de las reservas, planteaba derogar la disposición correspondiente y cuestionaba que el dictamen no precisara quién determinaría formalmente que una persona es reincidente, cuántas infracciones serían necesarias para adquirir esa condición ni qué procedimiento tendría el usuario para defenderse antes de perder su conexión a internet.

La segunda reserva proponía incorporar expresamente la protección de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística, la crítica política y la deliberación pública plural en las políticas de terminación del servicio. Torres Cofiño, del PAN, advirtió que “lo que estamos discutiendo no es solamente una reforma en materia de derechos de autor, estamos hablando de una reforma que puede terminar afectando dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el acceso a internet”. Sostuvo que el aumento de sanciones y responsabilidades podría generar incentivos para que los proveedores retiraran contenidos ante el temor de ser sancionados.

También, reclamó sobre la posibilidad de que una persona pierda su conexión antes de que una autoridad resuelva su caso.

“Puede una persona quedarse sin internet antes de que incluso una autoridad jurisdiccional resuelva definitivamente su caso”, manifestó.

Incluso, planteó que la reforma no debería permitir que las empresas privadas asumieran funciones de decisión sobre los contenidos.

“No podemos permitir que una reforma termine convirtiendo a empresas privadas en jueces de lo que los mexicanos puedan decir, publicar o consultar”, expresó.

Las reservas fueron sometidas a votación económica y no fueron aprobadas.