Vinculan a proceso a exmandatario guerrerense por caso Ayotzinapa
José Ángel Somera
Un juez de Control con residencia en el Estado de México vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que el servidor público ocultó información de alta relevancia relacionada con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que en continuación de la audiencia inicial que duró casi 14 horas, el juez de la causa escuchó los argumentos aportados por el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, quien debatió contundentemente con apego al debido proceso, los argumentos de los asesores legales.
Destacó, ante la teoría del caso presentada por la defensa para desacreditar la posible participación del imputado en los hechos, la autoridad judicial consideró que los argumentos presentados no eran objetivos y no podían comprobar que Ángel Heladio Aguirre no se encontraba en Guerrero como se señaló para buscar desligarlo de lo acontecido.
Apuntó, el impartidor de justicia advirtió que los datos de prueba aportados por el representante social eran suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales en esta etapa debe acreditarse únicamente que existe la probabilidad de que se cometió el delito y en las etapas subsecuentes deberán presentarse mayores elementos.
Señaló, ante el grado de probabilidad de que Aguirre Rivero hubiera cometido la conducta delictiva que se le imputa, la autoridad judicial consideró que las acusaciones hechas por la FGR eran firmes y categóricas, posteriormente, el administrador de justicia le confirmó al exmandatario estatal priista la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO número 1 “Altiplano” de Almoloya de Juárez, Estado de México, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Cabe destacar que esto es resultado del nuevo modelo de investigación emprendido por la FGR, en colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para llegar a la verdad, continuar la búsqueda de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y hacer justicia a las víctimas de estos lamentables hechos.
Entre las pruebas de cargo de la FGR se acredita que la instrucción para realizar dicho ocultamiento, fue instruida de manera directa, dolosa y deliberadamente, por el entonces gobernador de Guerrero, con la participación de servidores públicos estatales de primer nivel.
La FGR presentó entre las pruebas testimonios recabados de Lambertina Galeana Marín expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega visitadora general de este organismo, donde refieren que la noche del 29 de septiembre de 2014 habrían recibido información sobre el posible paradero de los estudiantes.
Asimismo, se informó que las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala habrían documentado un autobús con estudiantes que eran subidos a otra unidad que aparentemente era custodiada por hombres armados que se presume podrían ser integrantes de “Guerreros Unidos”.
Dicha información fue obtenida de un disco y reportada a la presidenta del Poder Judicial guerrerense. Sin embargo, la misma aparentemente fue tomada por la visitadora general y entregada personalmente al exgobernador Aguirre Rivero, quien en el caso de la Fiscalía estatal, ordenó su destrucción junto con más evidencia que pudiera vincular a la desaparición de los estudiantes ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ángel Heladio Aguirre Rivero fue detenido el 6 de agosto, luego de que un juez de Control librará orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, el mismo día fue ingresado al Altiplano, supuestamente estuvo al interior de un vehículo blindado, el cual fue escoltado por personal del Grupo Especial de Operaciones de la FGR.
