Inician juicio político contra Sara Duterte, por amenazar a presidente de Filipinas
En Filipinas inició este lunes juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte por amenazar de muerte al presidente de este país Ferdinand Marcos Jr., a quien acusó de una presunta malversación de fondos gubernamentales por parte de su oficina y otras acusaciones penales.
De acuerdo a la agencia AP la iniciativa de juicio político presentada por varios opositores y activistas en la Cámara de Representantes de Filipinas, se acusa a Duterte de violar la Constitución del país, corrupción masiva y otros «crímenes graves», incluidas las amenazas de muerte que hizo contra el presidente Marcos, su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes.
Mencionó que las amenazas de la vicepresidenta Duterte mostraron el «alcance de la incapacidad mental de la acusada, su depravación y falta de aptitud mental para seguir ocupando el alto cargo de vicepresidenta de Filipinas, estas constituyen no solo una traición a la confianza pública, sino también un crimen grave que justificaría su destitución inmediata del cargo».
La vicepresidenta Sara Duterte es abogada de 46 años, también enfrenta acusaciones de poseer riqueza inexplicada y de permitir asesinatos extrajudiciales de sospechosos de drogas iniciados por su padre, exalcalde de la ciudad sureña de Davao, cuando ella ocupó ese cargo en el pasado.
Los problemas legales de la vicepresidenta se han desarrollado en el contexto de su creciente disputa política con el presidente Ferdinand Marcos Jr., y sus aliados. En una conferencia de prensa en línea el 23 de noviembre, Sara Duterte manifestó que había contratado a un sicario para ejecutar a Marcos, su esposa y al presidente de la Cámara Martin Romualdez, si ella fuera asesinada, una amenaza que advirtió que no era una broma, después indicó que no estaba amenazándolo, sino que expresaba preocupación por su propia seguridad.
La solicitud de juicio político será examinada por el Congreso filipino, dominado por aliados de Marcos y su primo y principal partidario Romualdez, quien también ha tenido desacuerdos políticos con la vicepresidenta.
Este proceso podría tomar semanas o meses, el Congreso comenzará su receso de Navidad el 20 de diciembre y reanudará las sesiones el 13 de enero. Muchos legisladores comenzarán entonces a hacer campaña para la reelección antes de las elecciones de media legislatura del 12 de mayo.
La Cámara ha estado investigando la presunta malversación de 612,5 millones de pesos de fondos confidenciales e inteligencia recibidos por las oficinas de Duterte como vicepresidenta y secretaria de Educación. Desde entonces, ha dejado el puesto de educación.
La funcionaria filipina se ha negado a responder preguntas en detalle en tensas vistas televisadas. Duterte también protestó cuando su jefa de personal Zuleika Lopez, fue detenida temporalmente por supuestamente obstaculizar la investigación. Lopez ha sido liberada de la detención hospitalaria.
La policía filipina ha presentado denuncias penales contra Duterte y su personal de seguridad por presuntamente agredir a autoridades y desobedecer órdenes en un altercado en el Congreso sobre la detención de Lopez. Duterte ha acusado a Marcos, su esposa y Romualdez de corrupción, liderazgo débil y de intentar silenciarla debido a las especulaciones sobre que podría buscar la presidencia en 2028.
La Oficina Nacional de Investigación citó a Duterte para que compareciera ante los investigadores para responder sobre sus amenazas, en tanto, la policía, el Ejército y el asesor de seguridad nacional aumentaron inmediatamente la seguridad de los Marcos después de las amenazas.
Marcos recalcó que un juicio político a Duterte sería una pérdida de tiempo mientras el país enfrenta otros desafíos, pero sus oponentes han dicho que procederán para fomentar la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
Marcos y Duterte ganaron como compañeros de fórmula en las elecciones de 2022, desde entonces han tenido diferencias importantes. Las dos oficinas se eligen por separado en Filipinas, lo que ha resultado en rivales que ocupaban los principales puestos políticos del país.
Ambos difieren en sus enfoques sobre las reclamaciones territoriales de China en el Mar del Sur de China, y sobre la mortal campaña contra la droga llevada a cabo por el padre de Duterte, Rodrigo Duterte, quien fue el presidente anterior además de exalcalde de Davao. La brutal represión dejó miles de sospechosos muertos, en su mayoría pobres, en asesinatos mayormente relacionados con la policía que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional como un posible crimen de lesa humanidad.
