Auditoría Superior de la Federación solapa actos de corrupción

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presidida por el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), se reunió con auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, con motivo del análisis del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior y la tercera entrega del informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022, siendo la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) quien levantó la mano para criticar el pésimo trabajo de la ASF, al expresar que dicho organismo se ha convertido en un ente que se ha dedicado a esconder y solapar actos de corrupción. Afirmó que el hecho de que casi 8 mil millones de pesos aún estén sin aclararse en las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021 sugiere una posible falta de equidad en el tratamiento de las entidades auditadas.

“Es importante destacar que el auditor superior es un manipulador de la fiscalización de este país, lo que él hace, es simplemente definir a quiénes se les practican las auditorías, cómo se les practica las auditorías. Eso no puede suceder. Es lamentable lo que está ocurriendo”, sostuvo.

Pérez-Jaén Zermeño señaló que se registra un aumento de 780 auditorías; no obstante, hay una reducción de 32 mil 879 millones de pesos en observaciones, que representa “una reducción del 60 por ciento”.

“Definitivamente David Colmenares tendría que irse y someterse a una investigación”, manifestó.

Además, resaltó que de las conclusiones de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) detectan profundas deficiencias que impiden garantizar una fiscalización efectiva.

Indicó que con las denuncias que ha presentado ante la UEC y todas las pruebas que está presentando dejará un legado de toda esta investigación del mal comportamiento de la Auditoría.

En tanto, la diputada Inés Parra Juárez (Morena) señaló que en el periodo de gestión del auditor Colmenares Paramo se ha tenido una tendencia a la baja en la presentación de denuncias de hechos y “en el aplazamiento amañado de los pliegos de observaciones insolventables”, por lo que, sostuvo, ha sido improductivo.

También del PAN, el diputado René Figueroa Reyes mencionó que de acuerdo con lo señalado en el informe del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, específicamente en la auditoría de desempeño de la Comisión Nacional del Agua, el otorgamiento de nuevas concesiones y asignaciones se sustenta en acuerdos y decretos de zonas de veda de los años 50, 60 y 80, por lo que preguntó ¿cuáles son las acciones que acordó con Conagua para subsanar dicha situación?

El auditor David Rogelio Colmenares Páramo explicó que en las tres etapas de revisión de la Cuenta Pública 2022 se auditaron 313 entes de la Administración Pública Federal que representan más del 50 por ciento del total, dos empresas productivas del Estado y 16 organismos autónomos. Por el lado de las auditorías del gasto federalizado, dijo, se practicaron 615 auditorías a las entidades federativas y al gobierno de la Ciudad de México, 930 municipios y las alcaldías de la Ciudad, 123 instituciones de educación superior locales y otras 72 entidades, así como organismos autónomos.

Precisó que, en cuanto a desempeño, se realizaron en total 112 auditorías, de las cuales 107 fueron de desempeño y cinco relativas a la gobernanza y control interno. Del total, 26 auditorías correspondieron a la finalidad de gobierno, 52 a desarrollo social y 34 se asociaron a desarrollo económico. Al respecto, se generaron 299 recomendaciones al desempeño.

Detalló que en la revisión de dicha Cuenta se llevaron a cabo 279 auditorías de cumplimiento financiero que, desglosadas por grupo funcional, fueron: 129 de desarrollo económico, 62 de gobierno y 88 de desarrollo social. El universo seleccionado ascendió a más de 13 mil 743 millones de pesos, con una muestra auditada de prácticamente superior a la mitad.

Indicó que, en cuanto a auditorías financieras, destacan por monto observado las revisiones a los inventarios de materiales de Pemex Logística, el Programa Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural en la atención del Huracán Ágata en Oaxaca y al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro; a la Universidad Autónoma de Chapingo, a Conahcyt y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Respecto a auditorías de inversiones públicas federales, dijo, se efectuaron 110 auditorías de inversiones físicas federales, las cuales totalizaron recursos fiscalizados por 252 mil 184.7 millones de pesos. Se observaron 2,822.6 millones de pesos y se recuperaron 675.7 millones de pesos, respectivamente.

Colmenares Páramo señaló que en el ejercicio 2022 el gasto federalizado ascendió a más de 2 billones de pesos, de los cuales más de un billón, específicamente el 52.4 por ciento, correspondieron a las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable.

Resaltó que, como resultado de las mil 762 auditorías a los recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22,892.1 millones de pesos. En cuanto a gobiernos estatales, los montos por aclarar superaron los mil 300 millones de pesos. Respecto a las universidades públicas estatales (UEP) se determinaron mil 732 millones de pesos por aclarar, siendo los casos con mayor monto las universidades de Coahuila, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León y Chiapas.

También, añadió, se efectuaron 12 auditorías de cumplimiento forense orientadas a la fiscalización de recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales. Se detectaron, de manera recurrente, incumplimientos asociados a pagos realizados sin acreditar la entrega de bienes o servicios, colusión entre proveedores, alteración de documentos, sobreprecios en la compra de bienes y servicios, falta de aplicación de penas convencionales, pagos en exceso o improcedentes, y proveedores o contratistas subcontratados cuando el contrato lo prohibía, entre otros.

Destacó que como resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022 al gasto federalizado se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran, durante el proceso de fiscalización, recursos por 3 mil 128 millones de pesos, importe histórico que equivale al 142 por ciento de los recursos con los que contó la ASF; es decir, que por cada peso asignado al máximo órgano de fiscalización en 2022 éste recuperó para la Federación 1.2 pesos.

Con relación al estatus que guardan las acciones, el funcionario detalló que en la Cuenta Pública 2016 hay 487 expedientes de presunta responsabilidad administrativa con mil 301 presuntos responsables, mientras que en la Cuenta Pública 2017 aún están en proceso de atención en el área de la Dirección General de Investigación 178 expedientes con 449 presuntos responsables.

Por su parte, el director general de Auditoría del Desempeño al Desarrollo Económico, Hugo Tulio Félix Climaco, mencionó que respecto al desempeño en la gestión de las concesiones y asignaciones del agua, con la auditoría se identificó la necesidad de que la Conagua realice estudios técnicos para verificar los acuerdos y decretos en zonas de veda.