Avanza “Ley Antimemes”; hoy se discute en el pleno
Con 23 votos a favor, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, sin modificación alguna, el dictamen de la llamada ‘Ley Antimemes’.
Como se recordará esta iniciativa plantea modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial con penas de hasta cinco años de prisión por utilizar la identidad gráfica de instituciones públicas para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito, pese a las exigencias de la oposición para excluir expresamente de las sanciones a periodistas, caricaturistas, parodias y contenidos satíricos.
La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial obtuvo 23 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 10 de la oposición, por lo que fue turnada a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno de San Lázaro.
La principal controversia gira en torno al nuevo artículo 402 Bis, que establece:
“Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito”.
Aunque la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue modificada para reducir las penas originalmente planteadas, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que su redacción mantiene abierta la posibilidad de utilizar el Código Penal contra expresiones críticas al Gobierno.
La diputada panista Paulina Rubio Fernández cuestionó la negativa del oficialismo a incorporar una disposición que garantice que las nuevas sanciones no podrán aplicarse contra el ejercicio periodístico, las caricaturas políticas, los memes o las parodias.
“Todo sería tan fácil como poner explícitamente que todo esto no aplica en contra de la libertad de expresión, ni caricaturistas, ni moneros, ni parodias, ni memes, ni absolutamente nada, pero no quieren ponerlo”, reprochó.
Como antecedente, recordó el caso de un caricaturista en Jalisco que fue denunciado por una diputada local de Morena y sancionado por violencia política en razón de género tras realizar una parodia utilizando una fotografía que la propia legisladora había publicado en sus redes sociales.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, defendió el dictamen al señalar que busca fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, combatir la piratería y la falsificación, así como actualizar los mecanismos de reparación del daño.
El legislador morenista argumentó que las modificaciones también pretenden armonizar la legislación nacional con los compromisos internacionales de México, particularmente los relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La reforma propone sancionar el uso, reproducción, imitación o incorporación de logotipos institucionales, dominios electrónicos y documentos oficiales de instituciones públicas cuando se utilicen a escala comercial para engañar sobre su origen y cometer un delito.
También incorpora sanciones contra los delitos por derechos de autor, derechos conexos, medidas tecnológicas de protección e información de gestión de derechos.
La minuta prevé ampliar y actualizar las conductas sancionables relacionadas con derechos de autor, derechos conexos y mecanismos tecnológicos de protección. Además, contempla penalizar la divulgación o distribución no autorizada de obras antes de su lanzamiento.
Establece una pena de tres a siete años de prisión y de mil a 10 mil días multa a quien venda u ofrezca en venta los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública; al editor, productor o grabador que produzca más ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor; y quien use obras protegidas por derechos de autor a escala comercial y sin la autorización correspondiente.
Otra pena contempla de cuatro a 10 años de prisión, y hasta 20 mil días de multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, exporte, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende, a escala comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por derechos de autor.
También propone hasta 5 años de prisión y multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno con la intención de cometer un delito.
El diputado del PRI, César Domínguez advirtió que la ley puede utilizarse para intimidar, por lo que pidió que quede establecido de forma expresa en la ley que este delito no contempla los usos realizados con fines periodísticos, educativos, de sátira, parodia o crítica política y social.
