Conmemoran el Día Internacional de la desaparición forzada
La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se efectuó ayer, 30 de agosto, en uno de los momentos de mayor visibilidad nacional e internacional de la crisis de desapariciones, de búsqueda y de identificación forense.
De acuerdo con amnistía, en los últimos 20 años familiares de personas desaparecidas han exigido al Estado mexicano que cumpla con sus deberes de buscar a las más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas e identifique a los más de 72 mil cuerpos que permanecen en diferentes morgues del país.
A pesar de que México cuenta con una legislación robusta en materia de desapariciones, que mandata la creación de una serie de instituciones que tienen la responsabilidad de prevenir y evitar las desapariciones, y de buscar a las personas desaparecidas, esas dependencias no están logrando resultados.
Por ello, desde hace varios años, las familias de las personas desaparecidas han recurrido a organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, con miras a que la comunidad internacional brinde cooperación y asistencia técnica al Estado mexicano.
“A mediados de septiembre, la comunidad internacional podría abordar en la Asamblea General de las Naciones Unidas la grave crisis de desapariciones que enfrenta México. Se trata de una oportunidad histórica para el Estado mexicano, que podría acceder a mecanismos de cooperación técnica y financiera. Pero, sobre todo, es una oportunidad para que la comunidad internacional demuestre su compromiso con las víctimas y contribuya de manera decidida a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para éstas y sus familias”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección Mexicana.
En marzo de 2025, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó, por primera vez, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, como parte de un proceso que inició en 2014.
El 4 de abril de 2026, el Comité hizo pública su decisión de solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que ésta considerara medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. El 12 de mayo de 2026, el Secretario General trasmitió a la Asamblea General la carta de la Presidencia del CED.
Cabe recordar que la decisión del Comité concluyó que la información recibida, tanto de familias de víctimas como de organizaciones de la sociedad civil y del Estado, parece contener indicios fundados de que en México se han cometido, y se siguen cometiendo, desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.
El impacto que han causado las desapariciones de personas en México es muy profundo. Éstas provocan un gran dolor a las familias afectadas y el daño trasciende a la comunidad, así como al resto de la sociedad. En las desapariciones de personas en México han estado involucrados agentes del Estado –como quedó constatado en el Rancho Izaguirre (marzo de 2025) y en el caso emblemático de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (septiembre de 2014), entre otros–, así como organizaciones criminales e incluso particulares.
“En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, desde Amnistía Internacional acompañamos las exigencias de las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas en México para que el Estado cumpla con su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas e investigue de manera expedita y efectiva cada caso y se les haga justicia”, precisó Edith Olivares Ferreto.
“El Estado debe reconocer el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos, ya que las instituciones que tienen esa responsabilidad, no los están buscando. En nuestro país, la enorme mayoría de quienes buscan a personas desaparecidas son mujeres quienes, al hacerlo, están en grave riesgo. Por ello, insistimos en que el Estado mexicano debe reconocerlas como defensoras de derechos humanos y que sean beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ante la inacción del Estado en las labores de búsqueda, ellas han sido capaces de localizar, con magros recursos, cientos de cuerpos en fosas localizadas a lo largo del país”, advirtió Edith Olivares Ferreto.
Mujeres buscadoras bajo presión constante
En el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional documentó el contexto en que las mujeres realizan el trabajo de búsqueda, caracterizado por las amenazas constantes que les hacen organizaciones criminales, la revictimización y estigmatización proveniente de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como las enfermedades que las aquejan y la precaria situación económica que enfrentan muchas de ellas.
De manera paralela al informe, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional, inició la campaña #BuscarSinMiedo en la que, hasta la fecha, se han llevado a la práctica diversas activaciones para exigir a las autoridades que garanticen su seguridad e integridad física, psicológica y emocional; acceso a medidas de protección; que se investiguen y sancionen todas las formas de violencia que se ejerce en su contra; así como la adopción de políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad, que aseguren condiciones dignas para la búsqueda, además de que se les brinden apoyos efectivos de atención médica, psicológica y legal.
