Suman 189 denuncias contra el Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez
José Ángel Somera
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que en la continuación de las investigaciones por las posibles irregularidades en la construcción de inmuebles en la alcaldía Benito Juárez conocido como “El Cártel Inmobiliario de la BJ”, se ha recabado un total de 189 denuncias penales que dan cuenta de posibles irregularidades e incumplimientos por parte de desarrolladores inmobiliarios, comercializadores, autoridades locales y notarios.
En mensaje de medios el vocero de la institución Ulises Lara López, mencionó que dichas denuncias son muestra clara de probables delitos como quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos, y de responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo.
Lara López hizo referencia a inmuebles de alta plusvalía, propiedad de exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez vinculados a proceso, recientemente fueron cateados por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en cumplimiento a mandamientos librados por un juez de Control, “se han llamado a comparecer a las personas que actualmente ocupan dichas propiedades bajo el carácter de comodato o arrendamiento”.
Aseveró, ya con base a estas declaraciones hechas al Ministerio Público, “estaremos en condiciones de determinar posibles relaciones de intereses o criminales de quienes fungen como propietarios, comodatarios o arrendatarios, y que reciben por concepto de renta altas cantidades de dinero que posiblemente no han sido declaradas”.
Refirió, “por tanto, nuestro equipo pericial lleva a cabo la determinación de los ingresos que los propietarios adquirían por estos conceptos, ya que en promedio un inmueble de estas características puede redituar entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales”.
Destacó, “esto es que de acuerdo con las indagatorias realizadas por Ministerios Públicos de la Coordinación General de Investigación Territorial, exservidores públicos obtenían un beneficio en apariencia lícito a partir de la comisión de un hecho cuya naturaleza haya sido presumiblemente ilegal, y sobre todo, que se trate de recursos, como hemos mencionado que probablemente nunca fueron declarados ante las autoridades fiscales”.
Apuntó, posiblemente, los exservidores públicos ya mencionados de la alcaldía Benito Juárez, habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la Ley, “una de las líneas de investigación apunta a que dichas acciones no habrían sido posibles sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos para obtener beneficios ilícitos, situación que está por comprobarse”, en estas indagatorias se presume que los exdelegados Jorge Romero Herrera y Christian VonRoehrich de la Isla estarían involucrados en presuntos hechos constitutivos de delitos.
